También quiere obligar a las empresas a informar sobre las operaciones de sus filiales en paraísos fiscales
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida presentará una proposición no de ley (PNL) ante el Pleno del Congreso de los Diputados para promover reformas legislativas que contribuyan a luchar contra el fraude fiscal, un catálogo de medidas que, según Cayo Lara, permitiría aflorar 26.000 millones de euros, "casi tanto como el recorte que tiene previsto el Gobierno hacer en el siguiente PGE para ajustar el déficit al 4%".
Entre las medidas figura obligar a las empresas radicadas en España a informar sobre las operaciones que sus filiales o sucursales realizan en paraísos fiscales, instar a la UE a que elimine el billete de 500 euros o limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo.
UNO DE CADA CUATRO EUROS NO PAGA IMPUESTOS
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, considera "absolutamente importante" que de una vez por todas se tome la decisión de combatir el inmenso fraude fiscal ya que "uno de cada cuatro euros no paga impuestos a la Hacienda Pública" y ese "drama" provoca a su vez las políticas de recorte que tanto daño hacen a la economía y a los trabajadores.
Cayo Lara ha destacado los estudios que apuntan a que el 75% del fraude en España lo está realizando el 3% de las empresas que facturan más de 150 millones de euros en España, y lo contrasta con el hecho de que España sólo dedique a esta lucha 6 de cada 1.000 euros que recauda, la mitad que Francia.
La iniciativa parlamentaria, que firman los diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Alberto Garzón y José Luis Centella y que recoge Europa Press, critica que "el fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos del sistema fiscal", fenómeno especialmente grave ante la crisis económica, la elevada tasa de paro y el "acelerado" incremento del déficit público.
De hecho, citan las últimas encuestas publicadas por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda, según las cuales un 72% de los españoles cree que el fraude ha aumentado, un 57% que ha empeorado el cumplimiento de las obligaciones fiscales en la última década y un 83% considera que "una agresiva campaña contra el fraude fiscal permitiría allegar los recursos suficientes para mantener la calidad de los servicios y prestaciones sin modificar la presión fiscal".
Además, IU alerta de que el 37% de los ciudadanos justifica el fraude fiscal, y que en los últimos años se han "consolidado notables diferencias" en la presión tributaria que soportan las rentas salariales declaradas con respecto a las rentas de actividades económicas.
"Se ha perpetuado el sacrificio de los que son fácilmente controlables, como asalariados y pensionistas, frente a un buen número de empresas, empresarios y profesionales que son objeto de un menor control y que cuentan con mayores medios y recursos para evadir impuestos, pese a que la mayoría de ellos aún declare honestamente", se reprocha en el texto de la iniciativa.
RECAUDAR ENTRE UN 10% Y UN 20% MÁS
Así, la proposición recoge una serie de medidas con las que IU-ICV-CHA calcula que se podrían recaudar "entre un 10% y un 20% de recursos adicionales sobre los actuales ingresos fiscales por año", lo que redundaría en una mejora de las arcas públicas, más inversión y más generación de empleo.
Entre otras propuestas se incluye la elaboración de un proyecto de ley en el que se obligue a las empresas que operan en España, "y específicamente en el sector financiero", a suministrar información de las operaciones de sus filiales o sucursales en los paraísos fiscales en los mismos términos que informan de sus operaciones en territorio nacional".
En la misma línea, se sugiere "propiciar un acuerdo con organizaciones internacionales de carácter político o financiero para controlar e identificar a los verdaderos titulares de los movimientos de capitales efectuados entre estados miembro y paraísos fiscales" así como "averiguar la identidad de las personas o entidades que utilizan en España los bienes y derechos de los que son titulares las empresas domiciliadas en países o territorios considerados paraísos fiscales, así como el título jurídico que les permite su utilización o disfrute".
Asimismo, se pide plantear ante las instituciones europeas la eliminación del billete de 500 euros y limitar los pagos en efectivo en determinadas operaciones a mil euros, una medida ya recogida por el Gobierno que, no obstante, ha circunscrito esta obligación a las empresas únicamente.
MÁS COORDINACIÓN, MEJOR INFORMACIÓN
Por otra parte, la Izquierda Plural considera que es necesario mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones tributarias, así como ampliar la transparencia y la información que reciben los ciudadanos como parte fundamental de la lucha contra el fraude fiscal y la concienciación social del problema.
Así, la propuesta recoge medidas como propiciar acuerdos entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las administraciones tributarias regionales para "potenciar la corresponsabilidad" así como "crear una base de datos o censo único compartido" de información fiscal y tributaria.
En la misma línea, IU cree que habría que fomentar la especialización tributaria en los órganos jurisdiccionales y aumentar los recursos materiales y humanos dedicados a la lucha contra el fraude, modificando también la metodología de trabajo de las agencias tributarias.
También ven necesario "mejorar la información y la asistencia al contribuyente" para "incentivar y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales", e "impulsar la colaboración con el sistema educativo para contribuir al desarrollo de una cultura de responsabilidad fiscal y cumplimiento tributario".
Como paso previo, la iniciativa recoge la necesidad de que el IEF cuantifique la economía sumergida en España, con datos desagregados por regiones, sectores e impuestos; y que actualice bianualmente esa información, que también debería ser presentada ante las Cortes Generales y los parlamentos regionales para que "adopten las medidas correctoras oportunas". Los resultados de la lucha contra el fraude y la atención a los contribuyentes también debería ser presentada trimestralmente al Parlamento.
