ADEJE (TENERIFE), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las administraciones públicas han convocado en el último año un total de 102 concursos a nivel estatal requiriendo los servicios de auditores privados por valor de 22 millones de euros, según se desprende de un estudio realizado por la Comisión del Sector Público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), que se ha presentado hoy en Santa Cruz de Tenerife durante el XVI del Congreso Nacional de Auditores.
A la cantidad de 22 millones de euros, hay que añadir los importes contratados por el procedimiento negociado (contratos inferiores a 30.000 euros) y los correspondientes a contratos menores (inferiores a 12.000 euros), de los que no existe registro público disponible.
El presidente de la Comisión, Daniel Faura, indicó a los periodistas que la contratación de los auditores privados en el sector público se ha ido incrementando en los últimos años alcanzando niveles de actividad y facturación "respetables", aunque concretó que la mayoría de estas contrataciones provienen de los órganos de control interno y de los propios gestores públicos.
En este sentido, destacó la "poca relevancia" en la convocatoria de concursos públicos por parte de órganos de control externo para asistirles en sus responsabilidades y funciones de fiscalización.
El 47% de los concursos convocados entre octubre de 2006 y octubre de 2007 corresponde a los órganos de control interno de las comunidades autónomas, el 29% pertenecen a empresas de capital público y sólo el 13% y el 11% a entidades locales y ministerios.
"El sector local es el gran ausente y supone un gran déficit en el control de cuentas", señaló Faura, quien concretó que esta es la gran "asignatura pendiente" del Gobierno, ya que de las 12.936 entidades locales que existen, un 25% (unas 3.000) no presentan las cuentas "cuando tienen que hacerlo".
Entre las entidades locales, el presidente de la Comisión indicó que Canarias es la primera en lo que a rendir cuentas se refiere, ya que el 99% de las entidades de la región presenta sus cuentas en los plazos correspondientes, mientras que la Comunidad de Madrid ocupa el último lugar de la lista, puesto que sólo un 30% de las entidades cumple los plazos.
Además, señaló que la comunidad canaria es también la primera en auditorías operativas, aquellas que analizan la eficiencia financiera de cada entidad.
Faura, que aseguró que el principal problema del sector local es la falta de recursos y financiación, abogó por una mayor colaboración con el sector público y las entidades de control en el futuro para hacer frente a este déficit.
En cuanto al control del fraude, el presidente de la Comisión indicó que el trabajo del auditor puede ayudar a mitigar el fraude y las oportunidades de cometerlo.
La Comisión del Sector Público de ICJCE, que fue constituida a mediados del mes de abril, tiene como objetivo colaborar con los órganos de control de las empresas públicas y ayudar a las sociedades vinculadas a la administración a disponer de una mayor transparencia en sus cuentas y estados financieros.
En sector público es uno de los retos del plan estratégico fijado por la nueva dirección del ICJCE para poder avanzar en un campo en el que España tiene margen de mejora respectos a otros países en el control interno y externo, que se realiza a posteriori de las cuentas de las empresas públicas y también de las subvenciones que reciben estas empresas a través de los fondos europeos.
La XVI edición del Congreso Nacional de Auditoría se celebra en la localidad de Adeje (Tenerife) hasta el 23 de noviembre y cuenta con más de medio millar de profesionales para debatir y afrontar los retos de la profesión.
