Economía/Fiscal(Ampliación).- El Gobierno compensará con 611 millones a los ayuntamientos por la supresión del IAE

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, anunció hoy que el Gobierno compensará este año con "un máximo" de 611 millones de euros a los ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en 2003 incluida en el nuevo sistema de financiación local.

Durante su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Solbes señaló que, según los datos de Hacienda, del conjunto de 7.639 corporaciones locales que podrían pedir la compensación, lo han hecho el 92,1% y que, una vez analizadas las solicitudes recibidas, el montante total de la compensación asciende a esta cifra, de la que ya se adelantaron 435 millones de euros como anticipo en 2003.

De la totalidad de ayuntamientos que han pedido dicha compensación el ministro indicó que el 9,6%, correspondiente a 671 ayuntamientos y tres diputaciones, presentó expedientes incorrectos, por lo que se les requirió que los rectificaran, y poco menos de la mitad de los mismos han solventado ya "satisfactoriamente" los defectos procedimentales, según señaló Solbes, quien confió en que también se corrijan cuanto antes los demás.

El titular de Economía afirmó que los 611 millones de euros de liquidación definitiva de 2003 se consolidarán en los años siguientes para todos los ayuntamientos, y dicha cantidad crecerá cada año en el mismo índice que crezcan los ingresos tributarios del Estado.

El ministro explicó que la garantía del incremento anual de la compensación definitiva debería absorber las modificaciones en los censos del IAE, al tiempo que evitará los costes de una "extremadamente compleja" gestión administrativa si se adoptase un modelo de ajuste individual y anual de la compensación.

ANALIZAR LA FINANCIACION LOCAL.

Respecto al nuevo sistema de financiación local, Solbes recordó que este año es el primero en que se aplicará plenamente, por lo que indicó que es preciso esperar a ver cómo ha evolucionado la nueva financiación y si se ha consolidado la suficiencia financiera y la autonomía de las corporaciones locales y, en función de este análisis, adoptar aquellas medidas que sean necesarias para corregir las deficiencias que puedan detectarse.

En cualquier caso, Solbes identificó ya algunos problemas que se están poniendo de manifiesto derivados del funcionamiento del propio sistema de financiación, así como reivindicaciones de las entidades locales que no fueron atendidas en la reforma o que se pueden considerar "debilidades" de la misma.

En concreto, mencionó la asunción por parte de las corporaciones locales de los "servicios impropios", que se centran fundamentalmente en el área de servicios sociales (asistencia social, sanidad, drogodependencia, educación o políticas de empleo). Estas competencias --añadió Solbes-- están transferidas prácticamente en su integridad a las comunidades autónomas y a las mismas se han transferido los recursos de que disponía el Estado para llevar a cabo su financiación.

EL ESTADO NO PUEDE FINANCIAR.

Por tanto, dijo que hay que descartar que sea la administración central la que asuma la financiación de estos servicios propios de las comunidades autónomas porque su financiación ya está incluida en el modelo de financiación autonómica. "En caso contrario, el mismo servicio estaría financiado por duplicado, la comunidad autónoma que no lo ejerce y la entidad local que lo asume sin título competencial específico.

Ante este problema, el titular de Economía apostó por que se produzca una "segunda descentralización" desde las comunidades autónomas hacia los ayuntamientos y, para ello, afirmó que hay vías contempladas en las leyes de financiación de los entes territoriales, como la firma de convenios singulares con las entidades locales implicadas, para financiar los servicios impropios.

PARTICIPACION DE AYUNTAMIENTOS EN EL CPFF.

Solbes comentó también la petición de las entidades locales de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y señaló que esta reclamación ha contado siempre con una respuesta negativa por parte del Gobierno, en tanto que el CPFF es un foro de diálogo entre la Administración del Estado y las comunidades en "materias ajenas" al sector local, que dispone de su propio órgano de coordinación con el Estado, la Comisión Nacional de Administración Local.

Además, afirmó que la participación de los ayuntamientos como miembros del CPFF requeriría una posición favorable de las comunidades autónomas, así como la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que, en su opinión, "no parece oportuno adoptar en estos momentos", teniendo en cuenta que los nuevos modelos de financiación autonómica y local apenas han empezado a funcionar.

PP: SEGUNDA DESCENTRALIZACION.

Por su parte, el senador del PP Manuel Jaime Cabezas indicó que las corporaciones locales gestionan el 13% del gasto público, y reclamó un aumento de este porcentaje hasta el 24% --media en la UE-- para poder hablar de una auténtica "segunda descentralización", ya que el actual porcentaje sitúa a España "a la cola" de Europa en cuanto al gasto público gestionado por los ayuntamientos, sólo por encima de Portugal.

Además, denunció que una cuarta parte del presupuesto con el que cuentan las corporaciones locales se destina a financiar las "competencias impropias", lo que asciende, según datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a un montante total de 4.200 millones de euros.

GASTO DEL ESTADO, INFERIOR AL DE CC.AA.

Ante estas demandas, Solbes respondió que del total del gasto público, el 13,4% está gestionado por los ayuntamientos, el 34% por las comunidades autónomas y el resto, por la administración central del Estado. Sin embargo, explicó que si del gasto asumido por el Estado central se descuentan los gastos derivados de la Seguridad Social, que suponen el 30% del gasto público, y los gastos del pago de la deuda pública, el porcentaje de gasto que corresponde a la administración central se sitúa en el 20,1%.

Por ello, aseguró que "la situación idílica" del 50% del gasto público para el Estado, y el otro 50% repartido entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos a partes iguales "no existe".

"No estoy prejuzgando nada, pero sí quiero mostrar estos datos para conocer los márgenes de maniobra cuando debatamos este tema", subrayó Solbes, que señaló que es necesario ser "realista" ante este problema y "consciente" de las posibilidades que hay porque el margen que tiene el Estado para ayudar a financiar a otras administraciones es "reducido". "Habrá que poner un poco de imaginación encima de la mesa", reiteró.

Así las cosas, afirmó que resolver el problema de los "servicios impropios" es un tema de "difícil solución" porque, en su opinión, no es "ni viable ni coherente" con la corresponsabilidad fiscal de los entes territoriales que la Administración Central aumente sus ingresos públicos mediante el incremento de impuestos para financiar gastos de comunidades y ayuntamientos.