Archivo - Una bombilla clavada el césped delante de una torre de energía eléctrica - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido este jueves de que las bajadas del IVA en electricidad y alimentos son "paliativas y poco eficientes" tras realizar un análisis del conjunto de medidas fiscales aprobadas desde 2021 para mitigar los efectos de la crisis energética y de inflación derivados de la situación pospandemia y de la guerra en Ucrania.
Para Gestha, las medidas tributarias no atacan la raíz del problema inflacionario y pueden ser absorbidas por aumentos en el precio del kilovatio o de las empresas petroleras o de alimentación "si no hay una supervisión estricta".
Por este motivo, los técnicos de Hacienda plantean un catálogo de medidas centradas en racionalizar el uso y el coste de la energía y los combustibles, que deberán graduarse si la espiral inflacionaria o los efectos de la crisis se traslada a los precios de los alimentos, de la vivienda o de otros bienes de consumo.
Así, para 2026, Gestha defiende un cambio de enfoque hacia la vigilancia "estricta" de los márgenes comerciales, los stocks y el control de los movimientos especulativos.
Entre sus recomendaciones se encuentra la reforma del sistema marginalista de precios energéticos, porque, en su opinión, no es eficiente que la última tecnología en entrar (generalmente la más cara) marque el precio para todas las demás.
DESCUENTOS EN EL TRANSPORTE Y CHEQUES PARA FAMILIAS VULNERABLES
Plantea además reforzar los descuentos del transporte público colectivo; fomentar del teletrabajo en empresas y administraciones públicas; profundizar en los incentivos fiscales a las empresas y trabajadores por utilizar cheques o tarjetas de transporte público y a la compra de vehículos eléctricos, enchufables e híbridos; impulsar el autoconsumo eléctrico y las comunidades de consumo; e incentivar fiscalmente la rehabilitación y obras que mejoren la eficiencia energética de las viviendas.
En el orden social, aconseja sondear la disposición de los grupos parlamentarios para lograr una estabilidad en el uso y precios de los alquileres de vivienda y locales de negocio; el refuerzo temporal de algunas prestaciones públicas; reeditar vales o cheques de emergencia para la alimentación de familias vulnerables u hogares en situación de pobreza energética, diferenciando su importe según el nivel de ingresos, y evitar las desconexiones por impago a consumidores vulnerables.
Recomienda además coordinar, entre las administraciones públicas, las ayudas directas a transportistas, agricultores, ganaderos y actividades de la pesca; fomentar la transición de las instalaciones industriales que utilicen energías renovables; reducir tipos impositivos y gravámenes en las facturas eléctricas hasta el mínimo que permite la normativa europea, así como reducir los costes de transporte y distribución (peajes) y las tarifas de acceso a la red que reflejen los costes reales del sistema, incentivando un uso más eficiente de las infraestructuras existentes.
Asimismo, Gestha apuesta por reforzar la supervisión de operaciones de futuros sobre la electricidad y sobre los derechos de emisión de CO2; por vigilar de manera más estricta desde Competencia el comportamiento de las operadoras del transporte y la logística, de la cadena alimentaria, del comercio minorista y de márgenes empresariales, y aprovechar la financiación europea en estas medidas.
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS FISCALES DE LA GUERRA EN UCRANIA
Gestha argumenta que, según datos del Gobierno, la batería de rebajas fiscales, subvenciones y ayudas directas desplegadas para hacer frente a la crisis energética y de inflación entre 2021 y 2024 tuvo un coste acumulado para las arcas públicas de más de 53.300 millones, cifra que el Banco de España estima entre 48.300 y 57.100 millones.
Los técnicos de Hacienda señalan que el aumento de la inflación afectó más a los hogares de menores ingresos que a los hogares de mayores ingresos. En concreto, en proporción a su gasto total, las rebajas del IVA de los alimentos y del gas beneficiaron más a los hogares de rentas bajas, mientras que la bonificación a los carburantes y de la electricidad benefició más a los hogares de rentas altas.
En este sentido, los técnicos advierten de que las bajadas generalizadas del IVA a la electricidad son "regresivas", ya que benefician proporcionalmente más a las rentas altas con mayores consumos, al tiempo que avisa de que los recortes fiscales generales tienden a ser absorbidos vía precios, contribuyendo a aumentar la espiral inflacionista.
Como ejemplo de acierto, Gestha apunta que tras el fin de la bonificación general de 20 céntimos por litro de carburante -que costó 2.841 millones en un solo semestre-, las ayudas se concentraron en subvenciones a los transportistas, agricultores y pescadores, pudiendo los transportistas ahorrar hasta un 14% en el precio neto del gasóleo gracias a las ayudas directas y devoluciones parciales.
Por ello, los técnicos de Hacienda concluyen que se originó un coste fiscal superior porque la mayoría de las medidas fiscales adoptadas fueron generales y no iban destinadas exclusivamente a los hogares de bajos ingresos o sectores afectados.
Según Gestha, los años de mayor impacto recaudatorio fueron 2022 y 2023, cuando se aprobaron la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y la reducción del IVA de la electricidad, la bonificación al combustible, ayudas directas como el cheque de 200 euros, la gratuidad del transporte público o la supresión del IVA (0%) para productos básicos (pan, leche, huevos, frutas, verduras) y la rebaja al 5% para aceites y pastas.
Durante 2024, se inició una reversión paulatina de las medidas de apoyo y las rebajas fiscales hacia los tipos normales. El gasto de 53.300 millones producido en aquellos años, se financió con los ingresos tributarios en lo que respecta a las medidas de apoyo y del escudo social.
En este sentido, los técnicos de Hacienda recuerdan que se aprobaron medidas de aumento recaudatorio, como la tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes grupos empresariales, los gravámenes temporales a empresas energéticas (vigente en 2023 y 2024) y entidades financieras (desde 2024 reconvertido en Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras) o el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, entre otras.
MATIZA LA IDEA DE QUE HACIENDA ESTÉ "HACIENDO CAJA" CON LA CRISIS
Gestha ha matizado la idea de que Hacienda esté "haciendo caja con la crisis", dado que parte de la evolución recaudatoria "puede explicarse por efectos asociados a la inflación". Además, precisa que el IVA pagado por el consumidor final genera recaudación, pero el pagado por las empresas de transporte, agricultura, ganadería o pesca es deducible, y no supone un ingreso directo para Hacienda, ya que el IVA es neutral para las empresas.
En este sentido, explica que Hacienda no retiene la totalidad de estos impuestos, sino que cede a las comunidades de régimen común el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos y el 50% de la recaudación del IVA.
En 2023, las comunidades ingresaron 7.884 millones por el Impuesto de hidrocarburos y 41.954 millones por la cesión del IVA, excepto Canarias que recauda sus propios Impuestos; al igual que los municipios de más de 75.000 habitantes, capitales de provincia o de comunidad y las diputaciones y otros entes provinciales, que también reciben 55 millones de la recaudación líquida por hidrocarburos y 480 millones de la cesión del IVA (con datos de la liquidación definitiva de 2023).