Gestha pide a Arcadi España reforzar la IGAE y prevenir la corrupción en la contratación pública

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha propuesto al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, medidas para prevenir la corrupción en la contratación pública, el refuerzo de la Intervención General del Estado (IGAE) para mejorar la eficiencia del control del gasto y el impulso de ayudas directas a familias vulnerables para afrontar los efectos de la guerra en Irán, en lugar de bajadas generalizadas de IVA.

Los técnicos de Hacienda han planteado al ministro una batería de 50 medidas, en siete ejes, que busca una transformación estructural para un 'Ministerio de Hacienda del siglo XXI'.

Entre las medidas para mejorar la eficiencia del control del gasto público, Gestha ha pedido reforzar la Intervención General del Estado (IGAE) para auditar a todos los entes públicos y establecer un régimen de responsabilidades para los gestores que evite inversiones ineficientes.

También han planteado medidas encaminadas a fortalecer la integridad institucional y prevenir la corrupción en la contratación pública, tales como la creación de un Sistema de Alertas Rápidas, el endurecimiento de las prohibiciones de contratar para empresas condenadas y la extensión de las Oficinas Antifraude a más comunidades y municipios.

En este eje, los técnicos han denunciado la "tozuda resistencia" de determinados organismos del Ministerio de Hacienda, y singularmente de la Agencia Tributaria, a no facilitar información y oponerse a las resoluciones del Consejo de Transparencia (CTBG) que reconocen el derecho a recibir esa información, por lo que proponen dotar a este Consejo de potestad sancionadora y medios propios para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones.

SUSTITUIR LAS BAJADAS DE IVA POR AYUDAS DIRECTAS A VULNERABLES

En cuanto a las medidas para paliar los efectos de la crisis provocada por el conflicto en Oriente Próximo, Gestha ha propuesto sustituir las bajadas generalizadas de IVA por ayudas directas a familias vulnerables y reformar el sistema marginalista de precios para eliminar los "beneficios caídos del cielo".

Entre las 50 medidas, también se incluyen propuestas para la reforma del sistema tributario. Los técnicos de Hacienda explican que los principios de progresividad constitucional no siempre se cumplen.

Como ejemplo, han denunciado que una gran fortuna que reciba un millón de euros en dividendos soporta un tipo efectivo en el IRPF del 26,78%, el mismo tipo que, en general, soportan trabajadores o autónomos con bases liquidables de 42.092,64 euros.

Los técnicos han pedido redefinir las exenciones, reducciones, bonificaciones y deducciones evaluando que cumplen con su finalidad, según los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Además, han planteado mejorar las normas de los impuestos estatales para reducir la elusión y evitar perjuicios al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, permitiéndoles revocar o confirmar las opciones fiscales en cualquier momento dentro del plazo de prescripción.

CREACIÓN DE UN CUERPO SUPERIOR

En el ámbito de las medidas organizativas y de gestión de los empleados públicos del Ministerio, Gestha ha vuelto a reclamar la creación de un Cuerpo Superior de Técnicos del Ministerio de Hacienda en el subgrupo A1 que reconozca su "cualificación, experiencia y capacidades" para recaudar unos 6.200 millones adicionales anuales del fraude tributario y en las subvenciones.

En paralelo, los técnicos han planteado medidas de sensibilización fiscal y de la eficiencia del gasto público de los ciudadanos para que conozcan qué servicios públicos reciben con los impuestos que se pagan, especialmente en casos tan mediáticos como la reciente repatriación de 8.000 españoles en tránsito o residentes en los países del Golfo Pérsico por el conflicto bélico.

En este eje, han propuesto al ministro que retome el proyecto para la puesta en marcha de una herramienta interactiva para que cada familia sepa el coste de los servicios públicos que utilizan y los impuestos que pagan.

En las medidas de lucha contra el fraude fiscal destacan que expertos independientes estimen el volumen de la economía sumergida en España, profundizar la coordinación y colaboración entre las Administraciones Tributarias Estatal y de las Comunidades Autónomas para la creación de una Base de Datos Fiscales Única compartida, equiparar la plantilla a la media europea y elevar la prescripción tributaria a los 5 y 10 años para equipararla a la prescripción penal de los delitos fiscales y delitos fiscales agravados, respectivamente.