Asegura que "no implica que la pensión inicial sea menor" pero a once meses de su entrada no cuantifica su efecto
MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha manifestado que aún no conoce cómo afectará el factor de sostenibilidad a las futuras pensiones a partir de 2019 pues la Seguridad Social no puede realizar estos trabajos hasta disponer del documento de defunciones en 2017 que debe proporcionar el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En todo caso, Báñez ha asegurado que su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2019 "no implica que la pensión inicial sea menor". "Lo que hace es modular el crecimiento", ha aseverado la ministra durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, a la que ha acudido para dar a conocer la evolución de ingresos y gastos de la Seguridad Social.
"La pensión inicial, aplicando el factor de sostenibilidad, dependerá del crecimiento económico, de la carrera laboral, de las bases de cotización y de incrementos de poder adquisitivo que se hayan puesto todos los años", ha aseverado la ministra.
En este sentido, ha recordado que esta fórmula deberá revisarse cada cinco años y que ya se planteaba en la reforma realizada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el sistema de pensiones, así como en la última revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
SEPARAR FINANCIACIÓN SIN CAMBIAR NATURALEZA JURÍDICA
Báñez ha realizado estas afirmaciones dentro de una comparecencia en la que ha defendido las reformas realizadas por el Gobierno 'popular' en 2013 y en la que también ha formulado, aunque de forma genérica, varias propuestas a la comisión para que sean tenidas en cuenta en los trabajos que se están desarrollando de revisión de recomendaciones.
Así, la ministra ha apostado por reforzar la contributividad del sistema y la distribución equitativa en el mismo, seguir transformando en bonificaciones asumidas por el SEPE a través de los Presupuestos Generales del Estado las reducciones a las cotizaciones a la Seguridad Social en las políticas de empleo, la lucha contra el fraude y "apostar fielmente por el envejecimiento activo".
Asimismo, ha instado a profundizar en la separación de fuentes de financiación, recordando que el propio Gobierno ha aprobado partidas dentro de los Presupuestos Generales del Estado para soportar el déficit de la Seguridad Social.
En todo caso, ha señalado que esta separación debe hacerse sin cambiar la naturaleza jurídica de los elementos que quieran diferenciarse, lo que significa que tanto gastos de personal como pensiones como viudedad u orfandad, aun separándose su financiación, no dejarían de pertenecer a la Seguridad Social.
"NO HAY DILEMA ENTRE SOSTENIBILIDAD Y SUFICIENCIA"
En su defensa de las reformas realizadas, Báñez ha subrayado que "no hay dilema entre sostenibilidad y suficiencia", pues la primera "es condición absolutamente necesaria para que las pensiones sean suficientes en el futuro", y ha defendido que el actual índice de revalorización (IRP), que ha dejado desde 2013 subidas mínimas del 0,25%, responden a la decisión de dar "siempre una salida social de la crisis".
La ministra ha defendido que esta fórmula ha permitido mantener el poder adquisitivo de las pensiones --desde 2007, ha dicho, estas han ganado un 0,02%-- y que desde su entrada en vigor en 2013 únicamente las pensiones han perdido un 0,1%, que para Báñez "no es significativo". "La fórmula en sí es inocua. Depende de ingresos y previsiones", se ha defendido la ministra, que ha instado a la comisión a "avanzar en cómo tener más ingresos".
REPROCHES DE LA OPOSICIÓN POR LOS EFECTOS DE LAS REFORMAS
La oposición ha criticado ante Báñez tanto las reformas realizadas como la actitud de la ministra ante el Pacto, pues ha criticado la propuesta de cambiar el cómputo de la pensión, hecha pública en una entrevista de televisión, cuando se debate a puerta cerrada en el Congreso.
Además, el PSOE ha afeado a Báñez su "inacción" para adoptar medidas que mejoren los ingresos en el sistema, al tiempo que señalaba que en 2011 las pensiones contributivas ya estaban cubiertas con cotizaciones.
Además, ha criticado que, por mucho que la ministra pidiera renovar las recomendaciones, su reforma en 2013 se realizó unilateralmente: "¿Para qué valen recomendaciones si el Gobierno puede prescindir del consenso y adoptar medidas sin prestar atención de sus recomendaciones?", se ha preguntado la portavoz socialista en la comisión, Mercè Perea.
Su homóloga en Unidos Podemos, la diputada de En Comú Aina Vidal, ha criticado los efectos que traerá el factor de sostenibilidad, pues ha señalado que en 2030 las pensiones serán un 16% más pobres, unos 2.700 euros por pensión.
Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, también ha lamentado que el factor de sostenibilidad no diferencie las diferentes esperanzas de vida, por lo que lo considera "injusto", mientras que Sergio del Campo, de Ciudadanos, ha criticado el "electoralismo" de PP y PSOE a la hora de discutir de pensiones.
El portavoz 'popular', Gerardo Camps, ha asegurado que la propuesta del cómputo de la pensión se lanzó dentro del debate de la comisión, pues fue formulada por él mismo, y ha afeado al PSOE que, mientras pida consenso, lleve mociones en todos los ayuntamientos "atacando la posición del PP, una cosa muy curiosa cuando uno quiere conseguir el consenso".
