MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso aprobó hoy por unanimidad una proposición no de ley de CiU, pactada con el PSOE, por la que el Congreso instó al Gobierno a garantizar que los recursos a formación profesional continua que no se ejecuten un año, pueden utilizarse al siguiente ejercicio para la misma finalidad.
El portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU en la Cámara Baja, Carles Campuzano, denunció lo que a su entender supone un "verdadero fraude" para los trabajadores dado que, en los últimos ejercicios, una parte considerable del gasto nominal destinado a formación continua, no se ha gastado en esta materia y se ha incorporado como remanente de la tesorería del Instituto Nacional de Empleo (INEM), y por tanto se ha incorporado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En este sentido, Campuzano recordó que en 2002 "no se llegaron a ejecutar 205 millones de euros de la partida destinada a formación continua, en el año 2003 algo más de 71,5 millones de euros, mientras que en 2004 fueron 248 millones de euros que se dejaron de gastar en formación continua".
Según explicó, "esta realidad es preocupante" ya que "son recursos de las cuotas de trabajadores y empresarios destinados a formación de empleados activos que no terminan gastándose y que los Presupuestos del Estado terminan absorbiendo", generando una situación de "verdadero fraude" para el conjunto de los trabajadores.
Ante esta situación, el portavoz nacionalista incidió en que esta iniciativa pretende que "aquellos recursos que no se lleguen a gastar al término de un ejercicio se ejecuten efectivamente al año siguiente en formación profesional", y a tal fin, que esos recursos sean "transferidos a las comunidades autónomas para destinarlos a actuaciones en formación continua".
A su juicio, esta proposición no de ley de CiU resolvería en parte la situación "preocupante" en la que se encuentra el sistema de formación continua dado que incumple las sentencias del Tribunal Constitucional de 2002 que establecen que las comunidades deben gestionar el Forcem.
Por último, auguró que el nuevo sistema acordado por el Gobierno, sindicatos y patronal para poner en marcha el nuevo modelo de formación "será impugnado" ante el Tribunal Constitucional dado que "obvia e incumple de nuevo" estas sentencias.
