Muestran su "rechazo más absoluto" a la ampliación de las responsabilidades del empresario
MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La CEOE y Cepyme creen que el Real Decreto Ley de Medidas para el Afloramiento y Control del Empleo Sumergido debería ir ligado a aspectos fiscales y no sólo a cambios laborales, puesto que es necesario continuar con el control de la economía irregular y la lucha contra la economía sumergida a través de los medios más adecuados para ello.
En un comunicado, las dos organizaciones valoran cualquier iniciativa para aflorar la economía sumergida, aunque creen que es necesario ver "el cómo y en qué" se va a incentivar, ya que, a su parecer, el texto no incluye elementos para acreditar la existencia del fraude denunciado, el alcance económico del mismo, a cuántos trabajadores afecta y la naturaleza de los empresarios, lo que dificulta "extraordinariamente" evaluar y compartir la necesidad del plan.
Para ambas confederaciones, resulta "primordial" partir de un diagnóstico que fije la realidad de la situación y de los parámetros en los que se funda, con el objetivo que las medidas a adoptar sean efectivas y que no solo den una imagen de lucha contra dicho fenómeno que, si bien es posible que exista, "difícilmente se va a subsanar" con medidas fiscalizadoras como las propuestas en esta norma.
Según los empresarios, la generación de excedentes en situaciones de crisis no se puede valorar de la misma manera que en épocas de bonanza porque supone mantener una "sobrecotización" por encima del gasto comprometido, obstaculizando así el mantenimiento del empleo y la competitividad de las empresas, además de incidir también en la supervivencia de las mismas.
En este sentido, CEOE y CEPYME entienden que el texto no resuelve dicha problemática, puesto que el proceso de regularización no contiene elementos que disminuyan los costes para las empresas en general, ni establece un marco de mejora de la competitividad de las mismas.
Por otra parte, estiman que el contenido del plan de actuación se centra en el establecimiento de una "regularización" con algunos incentivos para acogerse a la misma y que resultarán de difícil comprensión para las empresas que han cumplido y cumplen con la normativa vigente, que son mayoritarias.
CEOE y Cepyme consideran que el núcleo de la reforma lo constituyen el incremento de las sanciones, junto con la ampliación de las responsabilidades del empresario, al que se le traslada obligaciones de control propias de la Inspección, generándoles "graves" consecuencias en materia de responsabilidades, lo que lleva al "rechazo más absoluto" por parte de ambas organizaciones empresariales.
Andalucía
