La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo se pondrá en marcha en 2007 aunque no haya acuerdo social
MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, ha propuesto a sindicatos y empresarios el establecimiento de una serie de bonificaciones a las microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes) para que impulsen acciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Estas ayudas se incluyen en el borrador que ha elaborado el Departamento de Jesús Caldera para definir el contenido de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, una iniciativa que el Gobierno quiere poner en marcha a principios de 2007, haya o no un acuerdo final con sindicatos y empresarios.
En este documento, que Gómez entregó hoy a los agentes sociales durante la reunión de la mesa de prevención de riesgos, Trabajo propone que las sanciones impuestas a pymes y microempresas por infringir leve o gravemente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales puedan ser reemplazadas por una inversión de cuantía equivalente en acciones preventivas, como, por ejemplo, la retirada de equipos obsoletos.
Otra de las medidas planteadas por Trabajo consiste en que el empresario pueda desarrollar personalmente la actividad preventiva en aquellas empresas de hasta 15 trabajadores. Asimismo, las empresas de hasta 50 trabajadores podrán acogerse a un programa experimental de la Inspección de Trabajo para planificar sus actuaciones preventivas.
Gómez aseguró que las pymes son la "gran asignatura pendiente" en materia preventiva, por lo que consideró necesario poner en marcha políticas contra la siniestralidad que no supongan un gran coste para ellas. En este sentido, también avanzó que es intención del Gobierno reducir la parte burocrática de la actividad preventiva.
Asimismo, el Gobierno quiere implantar algún tipo de bonificación en la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional de aquellas empresas que, sin estar obligadas legalmente, decidan poner en marcha servicios preventivos propios. Habrá también bonificaciones para todas las empresas que, con independencia de su tamaño, refuercen sus servicios de prevención propios, y para aquellas que contraten a un trabajador que se dedique en exclusiva a tareas preventivas y formativas.
La propuesta del Ministerio incluye la puesta en marcha de delegados territoriales y sectoriales en prevención de riesgos laborales, una medida muy demandada por CC.OO. y UGT para garantizar la vigilancia de la salud y de la seguridad laboral en aquellos centros que, por su tamaño, carecen de representantes sindicales.
Con el objetivo de mejorar los sistemas de información sobre la siniestralidad laboral, el Gobierno se propone constituir un Observatorio Estatal de las Condiciones de Trabajo en el marco del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
CON O SIN ACUERDO SOCIAL.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya vigencia abarcará desde 2007 a 2011, con una evaluación intermedia en 2009, persigue reducir la siniestralidad laboral, materia en la que España despunta como el país europeo con más accidentes de trabajo. La intención del Gobierno y los agentes sociales es acercar el volumen de siniestros en España a la media europea.
El Ejecutivo quiere consensuar con los interlocutores sociales el contenido de la Estrategia, pero el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, ha dejado muy claro hoy que la falta de acuerdo no impedirá que en 2007 España tenga una Estrategia para luchar contra la siniestralidad laboral. "La situación es suficientemente grave como para no tomar medidas", manifestó.
La mesa de prevención de riesgos se seguirá reuniendo en noviembre y diciembre con la vista puesta en la consecución de un acuerdo antes de finales de año o a principios de 2007. CC.OO. y UGT quieren estudiar con detenimiento las propuestas del Ministerio, aunque sus respectivos responsables de Salud Laboral, Joaquín Nieto y Dolors Hernández, consideran que, a priori, los planteamientos del Ministerio van en la buena dirección.
No obstante, advierten de que la Estrategia Española de Salud Laboral debe definir claramente las obligaciones del Gobierno central y de los autonómicos en la vigilancia y control del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En su opinión, a lo largo de los diez años en los que ha estado vigente esta ley ha existido una "excesiva permisividad" ante los incumplimientos empresariales de la norma.
Para CC.OO. y UGT, esta Estrategia debe implicar al Gobierno, al conjunto de las administraciones, a los empresarios y a los propios trabajadores en el objetivo común de atajar la siniestralidad, un mal que anualmente se cobra la vida de cerca de un millar de trabajadores, sin contar las enfermedades profesionales, que en 2005 podrían haber matado a 12.000 personas.
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