Los sindicatos ven el acuerdo como un "verdadero éxito" y la patronal lamenta la "falta de claridad jurídica"
ESTRASBURGO (FRANCIA), 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo (PE) se pronunció hoy a favor de suavizar la propuesta de la Comisión Europea sobre la polémica directiva de liberalización de servicios en el mercado interior de la Unión Europea.
Los sindicatos, que el martes protagonizaron una multitudinaria manifestación en Estrasburgo exigiendo cambios para garantizar la Europa social, consideran el resultado un "verdadero éxito para los trabajadores europeos", mientras que la patronal se felicitó del acuerdo, pero reclamó mayor "claridad jurídica".
El texto, fruto de las enmiendas presentadas por la comisión de mercado interior y de un pacto fraguado la semana pasada por los dos grandes grupos de la Eurocámara --PPE y PSE-- salió adelante con el respaldo de 391 eurodiputados, el voto en contra de 213 y 34 abstenciones.
Liberales y Verdes se mostraron, por razones antagónicas, en contra del pacto y criticaron que el PE se deje "fagocitar" por los grupos mayoritarios de la Cámara. Buena parte de los eurodiputados originarios de los países del Este, británicos y nórdicos votaron en contra, mientras que los eurodiputados españoles del PPE y PSE votaron a favor.
La popular Cristina Gutiérrez Cortines declaró que se trata de "un paso adelante" hacia la liberalización de los servicios, que es lo que le interesa a España, aunque "no es todo lo ambicioso" que les hubiera gustado.
Para el socialista Manuel Medina lo que ha hecho el Parlamento ha sido "darle la vuelta" a la directiva, que, a su juicio, ya no tiene "nada que ver con la liberalización del mercado de trabajo sino con la prestación de servicios".
La Eurocámara modifica con su decisión de hoy las partes más controvertidas del borrador presentado en enero de 2004 por el anterior comisario de mercado interior, el liberal holandés Fritz Bolkestein, que provocó una gran contestación social especialmente en Francia, Bélgica y Alemania.
ORIGEN Y DESTINO
Según el texto acordado, el polémico 'principio de país de origen', según el cual se deja a las empresas que presten sus servicios en un país distinto al suyo aplicar la legislación laboral del país donde tienen su sede desaparece en su formulación actual, si bien el concepto se mantiene.
Conservadores y socialistas optaron por una formulación lo suficientemente ambigua --se alude a la 'libertad de prestación de servicio'--que les permite a los primeros asegurar que el principio se mantiene en la directiva y a los segundos certificar que se ha eliminado.
En cualquier caso, los eurodiputados progresistas lograron introducir límites a la libre prestación, dejando en manos de los Estados exigir a las empresas requisitos adicionales por razones de "orden público, seguridad pública, protección del medioambiente y salud pública".
Inicialmente se contemplaban también razones de protección al consumidor y política social, pero en aras del consenso el PSE aceptó que no figurara en el texto.
AMBITO DE APLICACION
Se deja claro que la nueva norma no afectará al derecho laboral ni a las relaciones entre los interlocutores sociales, incluido el derecho sindical y el derecho a establecer convenios colectivos.
Tampoco a las legislaciones nacionales de seguridad social ni a las medidas para proteger la diversidad cultural o lingüística o el pluralismo de los medios de comunicación, ni implicará la liberalización o privatización de servicios que no estén liberalizados.
Cuando la prestación de servicios implique desplazamiento de trabajadores, se seguirán las disposiciones previstas en una directiva previa que regula a nivel europeo esta cuestión.
SERVICIOS DE SALUD
La directiva se aplicaría, por ejemplo, a servicios de consultoría; mantenimiento de oficinas; publicidad; agencias inmobiliarias; construcción (incluyendo servicios de arquitecto); alquiler de coches; agencias de viaje; asesoría legal o fiscal; turismo y centros comerciales.
No entran en el ámbito de la directiva los servicios financieros, los servicios y redes de comunicaciones electrónicas y los transportes, tampoco se aplica al ámbito de la fiscalidad. Además, tampoco será de aplicación a los servicios de interés general, según la definición que haga cada Estado miembro de este tipo de servicios.
Los servicios sanitarios, tanto públicos como privados, se dejan fuera, al igual que los notarios, los servicios audiovisuales y los juegos de azar y loterías, las agencias de trabajo temporal y los servicios de seguridad. Se precisa también que todos los transportes están excluidos, por ejemplo, los taxis, el transporte urbano y los servicios portuarios.
Pese a todos estos recortes, el espíritu de la directiva se mantiene en lo que se refiere a su objetivo de eliminar trabas administrativas para que las empresas puedan moverse por el mercado interior de la Unión más fácilmente.
Los Veinticinco tendrán que derribar hasta 65 obligaciones burocráticas para facilitar las cosas a las empresas y cumplir 48 requisitos nuevos para quitar obstáculos a la libre prestación de servicios, como crear una ventanilla única o habilitar los procedimientos 'on line'.
LARGO PROCESO LEGISLATIVO
La directiva tendrá que pasar todavía por las manos del Consejo de ministros de la UE y volver luego a Estrasburgo para su ratificación definitiva. Antes, la Comisión deberá tener en cuenta las modificaciones incorporadas por la Cámara y presentar una nueva propuesta, algo a lo que ya se ha comprometido el responsable de mercado interior, Charlie McCreevy.
El Parlamento confía en que los Jefes de Estado y de Gobierno den su acuerdo político al texto en la cumbre de Primavera que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de marzo, para que los eurodiputados puedan volver a pronunciarse en otoño. La directiva podría ser una realidad en 2009 según los cálculos más optimistas, o como muy tarde en 2011 si el proceso legislativo se alarga.
MAS SOCIAL, MENOS CLARA
"Hemos cambiado de cabo a rabo la directiva. Ahora es mucho más social porque hemos pensado en los ciudadanos", dijo antes de pedir el voto a favor del texto enmendado la eurodiputada socialista alemana Evelyne Gebhardt, encargada de la redacción del informe.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) considera el resultado como un "verdadero éxito" para los trabajadores europeos porque "entierra de una vez el proyecto Bolkestein" y permite abrir el mercado de servicios garantizando al tiempo el modelo social europeo, según declaró el secretario general de CES, John Monks.
Las Eurocámaras, por su parte, siguen preocupadas por la "falta de claridad jurídica", reclaman a la Comisión Europea que tenga en cuenta al Parlamento pero que en su propuesta garantice una verdadera apertura del mercado a los servicios. Lamentan, asimismo, que se haya diluido el principio de país de origen y deje a los Estados la facultad de ejercer un mayor proteccionismo.
