ESTRASBURGO (FRANCIA), 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, tildó hoy de "sorpresa desagradable" el apoyo expresado por el Gobierno español a la polémica directiva de servicios que hoy se debate en la Eurocámara.
España y otros cinco Estados miembros (Reino Unido, Países Bajos, Polonia, Hungría y República Checa) enviaron a la Comisión Europea una carta en defensa de la normativa que promueve una liberalización de los servicios. España se alinea así con los socios más liberales frente a la postura más proteccionista defendida por Francia, Alemania o Bélgica.
"Para nosotros ha sido una sorpresa desagradable porque no teníamos ninguna información. Nos hemos enterado por la prensa y eso es un elemento negativo", declaró Méndez a Europa Press en Estrasburgo, donde participó en la euromanifestación sindical para exigir cambios en el actual texto de la directiva.
"En segundo lugar se ha generado mucha confusion con esta carta sobre la que no tenemos una interpretación oficial del Gobierno", agregó tras añadir que, en todo caso, los socialistas españoles votarán en el Parlamento Europeo "por unanimidad" a favor del "cambio profundo" de la directiva.
Los firmantes de la carta sostienen que la directiva tiene un "papel clave" en la estrategia de reformas de la UE para fomentar el crecimiento y el empleo, y recuerdan que la liberalización del sector podría crear hasta 600.000 nuevos puestos de trabajo.
Los 6 países insisten en seguir adelante con las reformas económicas para aumentar la competitividad, ya que si se mantiene la actual tendencia, subrayan, China superará a todas las grandes economías de la UE en 2008.
Por ello reclaman al Ejecutivo comunitario que, tras el voto de la Eurocámara, se mantenga firme en la defensa de un auténtico mercado interior de servicios durante las negociaciones con los Veinticinco.
En la misiva, reclaman un "enfoque pragmático" para lograr un compromiso final sobre la directiva de servicios, que tenga en cuenta las "preocupaciones legítimas", pero que garantice el buen funcionamiento del mercado interior.
En este sentido, piden que no se excluya del campo de aplicación a "importantes sectores de la economía", y que "se evite suavizar" los artículos centrales que garantizan la libre prestación de servicios entre Estados miembros.
