MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha elaborado un escrito de alegaciones al borrador del Real Decreto sobre teletrabajo en la Administración, en el que reclama que los sistemas de evaluación que plantea el proyecto se adapten a los requisitos establecidos en el futuro Estatuto del Empleado Público.
En el informe de este sindicato al Real Decreto, que el Ministerio de Administraciones Públicas ha enviado al Consejo Económico y Social (CES) para su dictamen, UGT aboga por que la normativa sobre teletrabajo contenga disposiciones concretas que permitan impulsar con mayor efectividad la igualdad de género en la Administración.
La organización sindical considera el teletrabajo como una herramienta esencial para que los empleados públicos puedan compatibilizar su vida personal y familiar con la laboral. En sus alegaciones, UGT destaca además que deberán negociarse con los sindicatos los programas de teletrabajo que se pongan en marcha en los correspondientes departamentos y organismos.
El Gobierno tiene previsto aprobar en el plazo aproximado de un mes el decreto que introducirá el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) y que permitirá a los funcionarios que se acojan a él realizar hasta un 40% de su jornada laboral semanal desde casa.
La elección del teletrabajo será voluntaria y no implicará menos sueldo para el funcionario que se incline por esta modalidad laboral, cuyo éxito quedó demostrado con un programa piloto que puso en marcha el año pasado el Ministerio de Administraciones Públicas y en el que participaron un total de 110 funcionarios, buena parte de ellos mujeres y muchos con hijos a su cargo.
El ámbito de aplicación de este decreto sobre teletrabajo será el de la Administración General del Estado (AGE), que comprende a unos 220.000 funcionarios. En total, el Gobierno calcula que en 2008 estarán 'teletrabajando' unos 20.000 empleados públicos de la AGE.
El teletrabajo en la administración está prohibido actualmente por el reglamento de horarios, donde se exige el trabajo presencial. El sistema voluntario que establecerá este decreto será mixto, es decir, que el funcionario tendrá que acudir a la oficina al menos el 60% de su jornada semanal, pudiendo desarrollar el resto del trabajo desde su domicilio.
