MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Federación de Empleados públicos de la USO, Luis Deleito, rechazó hoy el acuerdo que han suscrito el Gobierno y los sindicatos presentes en el foro del diálogo social, por el que el salario de los funcionarios se incrementará un 0,3% en 2010.
Para USO, es "incoherente" la postura de los sindicatos firmantes (CC.OO., UGT y CSIF) porque "dócilmente" aceptan una subida salarial del 0,3% en las administraciones públicas, pero realizan una propuesta por encima del 1% en el sector privado.
Además, critica que el sistema de revisión salarial pactado no garantizará la recuperación del poder adquisitivo, ya que depende de muchos parámetros, como la evolución presupuestaria del incremento del IPC, el crecimiento económico, la capacidad de financiación de los Presupuestos Generales del Estado y la valoración del aumento de productividad del empleo público.
Deleito indicó que lo único que se ha asegurado en este acuerdo es el mantenimiento de los planes de pensiones en las administraciones públicas, de los que UGT y CC.OO. son los gestores del mayor plan de pensiones en la Administración y, por ello, han recibido hasta la fecha más de un millón de euros cada uno por su gestión.
"Dicen defender el sistema público de pensiones, pero siguen financiándose mediante la gestión de los planes privados. ¿No sería mejor ante la actual situación dar más liquidez a los trabajadores y sus familias haciendo que la aportación al plan de pensiones revertiese de manera directa en la nómina?", denunció Deleito.
A su juicio, la USO no puede aceptar un acuerdo en el que los empleados públicos vuelvan a pagar "los platos rotos de la maltrecha economía española", y lamentó que algunos sindicatos se han tomado muy en serio "eso de dar cariño al presidente del Gobierno y han firmado lo primero que han echado en la mesa de negociación".
Por último, Deleito señaló que el foro del diálogo social "no es el marco adecuado" para acordar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, sino un instrumento para "hurtar de competencias" a las mesas negociadoras.
