Los graduados sociales piden que las cotizaciones no tengan carácter retroactivo por "seguridad jurídica"

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, ha pedido evitar que las cotizaciones a la Seguridad Social tengan carácter retroactivo, de forma que entren en vigor solo desde la fecha de aprobación de la norma, para dar "seguridad jurídica" a empresas, trabajadores y profesionales.

Durante un encuentro con medios este jueves, Merchán ha abogado por mantener la retroactividad en el salario, pero ha pedido evitarla en las cotizaciones, ante el retraso que se produce cada año desde la pandemia en la aprobación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, posteriormente, de la orden de cotización.

Esta práctica, ha denunciado el presidente de los graduados sociales, supone que "normas que deberían estar cerradas antes del inicio del ejercicio terminan llegando a finales de marzo, con efectos desde enero", lo que obliga a rehacer nóminas ya cerradas, recalcular cotizaciones y asumir en pocos días una carga "extraordinaria" de trabajo.

Este desfase, ha subrayado, genera "un trabajo inmenso" en una semana especialmente delicada, coincidente con la Semana Santa, y un desgaste acumulado en el sector. "La paciencia se agota", ha advertido Merchán, que ha defendido que los empresarios y personas trabajadoras deben conocer desde el 1 de enero tanto el salario aplicable como el coste real de cotización asociado a su actividad.

El presidente ha insistido en que esta forma de legislar afecta directamente a la gestión de 22 millones de personas trabajadoras, a cerca de dos millones de perceptores del SMI (o 2,5 según afirmaciones del Gobierno) y al sistema de cotización que sostiene la Seguridad Social.

Además, el esfuerzo repercute en costes económicos para empresas y despachos y en un coste psicológico y de salud laboral que afecta tanto a los 17.000 profesionales colegiados como a las aproximadamente 70.000 personas trabajadoras de los despachos.

UN COSTE QUE REPERCUTE EN LAS EMPRESAS

Junto a ello, Merchán ha puesto el foco en que este coste acaba repercutiendo en las empresas, especialmente las pymes, ya que para el tejido empresarial, el principal perjuicio no es únicamente económico, sino la imposibilidad de saber desde enero "qué partido están jugando", es decir, cuáles serán sus costes salariales y de Seguridad Social durante el ejercicio.

Así, ha pedido al Ministerio de Trabajo y Economía Social que la negociación para la subida del salario mínimo se adelante al último trimestre del año y vuelva a descansar en el consenso entre Gobierno, sindicatos y empresarios, recuperando el espíritu del diálogo social, ya que el origen de esta situación en el retraso con el que se negocia el salario mínimo.

"Cuando hacíamos las nóminas a lápiz y papel había más seguridad jurídica que ahora que está todo digitalizado y tendría que ser todo más sencillo", ha sentenciado Merchán.