UGT exige al Gobierno negociar un convenio colectivo para los empleados públicos de oficinas de España en el exterior

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) exigió hoy al Gobierno que negocie con los sindicatos un convenio colectivo para los 6.000 empleados públicos que trabajan en embajadas, consulados, sedes del Instituto Cervantes y otras oficinas de España en el exterior ya que, en muchos casos, están "sometidos" a la legislación laboral de países con "estructuras judiciales y políticas antidemocráticas", como Irak o Sudán.

En una protesta ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación situada en el Palacio de Santa Cruz de Madrid, una representación de la Federación del Exterior de UGT reclamó asimismo al Ejecutivo que ponga fin a la "arbitrariedad en la movilidad" de otros 1.000 funcionarios no diplomáticos que trabajan en el servicio exterior español.

El secretario general de la Federación del Exterior de UGT, Damián Peña, explicó a los medios de comunicación que las reivindicaciones de estos trabajadores persiguen asimismo que se les equipare con el resto de empleados públicos de la Administración General del Estado y se les reconozca el derecho a celebrar elecciones sindicales.

AMENAZAN CON HUELGAS EL PRÓXIMO OTOÑO

La federación amenazó con "paralizar" varias embajadas de España en Europa con jornadas de huelga para los próximos meses de septiembre u octubre si el Gobierno no atiende a sus reclamaciones. De hecho, Peña avanzó que la Federación del Exterior realizará varios actos en apoyo del Fondo de Solidaridad con el que se compensa a los trabajadores por las pérdidas económicas fruto de un paro laboral.

Peña indicó asimismo que la federación mantiene contactos con distintos grupos parlamentarios que rehusó nombrar con el fin de interpelar a los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos y de Industria, Joan Clos, sobre la situación de estos trabajadores.

Tras desplegar frente al Ministerio una pancarta donde se podía leer '¡No a la legislación laboral de Irak, Congo y Sudán! Por un convenio colectivo para el servicio exterior', representantes del sindicato tenían previsto entregarle una carta con sus reivindicaciones al subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Luis Calvo.

Como ejemplo de las consecuencias que para un empleado público puede conllevar estar sometido a la legislación del país al que se le destine --según advierte el sindicato-- figura Juan Carlos Galocha, presente en la protesta de hoy.

Galocha, que trabajaba como administrativo en la oficina comercial de España en Belgrado, afirma haber sufrido un despido improcedente. Se ausentó dos días de su trabajo para presentarse en España a los exámenes para ingresar en la Escuela Diplomática. Como estaba sometido a la legislación serbia y ésta no prevé la concesión de días a los empleados para examinarse, presentó un certificado que aseguraba que había acudido a España para donar sangre, lo que sí prevé la ley serbia. Aun así, le despidieron.

Por otra parte, representantes de UGT, CC.OO y CSI-CSIF se reunirán esta tarde con Calvo para abordar la situación en la que se encuentran los trabajadores del servicio exterior español en Estados Unidos, a los que Washington pide tributar en este país a pesar de que ya han presentado su declaración de la renta en España.