Acreedores inician requerimientos legales para embargo de bienes a España en EEUU por recortes a renovables

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los acreedores internacionales afectados por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables aprobados en el pasado por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han iniciado los requerimientos legales para el embargo de bienes al Reino de España en Estados Unidos.

Según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas, tras una serie de resoluciones favorables en distintas jurisdicciones, la ofensiva legal ha entrado ahora en una nueva fase, apoyado por las recientes victorias cosechadas ante los Tribunales Supremos de Singapur y Reino Unido, pero también avanza en Estados Unidos, donde el exitoso registro de hasta siete laudos y el reconocimiento de los mismos como sentencias plenamente ejecutables abre la puerta a mecanismos procesales destinados a identificar, localizar y eventualmente embargar activos del Estado español.

En total, son ya siete los casos en los que las empresas demandantes han obtenido resoluciones favorables -9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones de euros), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones de euros), RREEF (74 millones de euros), InfraRed (35 millones de euros) y NextEra (290,6 millones de euros)- con una deuda con estas compañías que asciende a 688,4 millones de euros, monto que crece conforme se acumulan intereses de demora.

En concreto, todos estos litigios fueron dirimidos por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia y, tras hacer valer su criterio ante la justicia, los acreedores están ya en condiciones de comunicar que han solicitado autorización judicial para registrar los laudos en otros distritos federales adicionales, entre ellos el Distrito Sur de Nueva York, donde se considera que podrían existir activos susceptibles de embargo.

Las mismas fuentes subrayaron que el objetivo es facilitar las medidas de ejecución destinadas a compensar a las compañías que siguen soportando pérdidas, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte de España.

Así, en el marco de esta nueva fase se han iniciado procedimientos formales de descubrimiento de activos ('discovery orders') y se han emitido requerimientos judiciales ('subpoenas') dirigidos a diversas entidades privadas que prestan servicios al Reino de España, así como a organismos públicos vinculados al Estado.

Estas actuaciones buscan identificar relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y otros activos situados bajo jurisdicción estadounidense que podrían ser objeto de embargo.

De esta manera, los requerimientos se han dirigido a instituciones financieras, empresas participadas por el Estado español, entes públicos del Reino con implantación en Estados Unidos o incluso sociedades involucradas en la participación del país en el Mundial de Fútbol de 2026.

Estas diligencias tienen como finalidad determinar si existen bienes o derechos del Estado español localizados en Estados Unidos que puedan ser objeto de ejecución. Este tipo de medidas es habitual en procedimientos de ejecución internacional cuando un deudor continúa ignorando un laudo arbitral que ya ha sido reconocido por tribunales competentes.

AVANCES EN OTROS PAÍSES.

Igualmente, las iniciativas de ejecución por los acreedores internacionales también avanzan en otros países de Europa y de la región Asia-Pacífico, como Bélgica o Singapur.

En Bélgica, los tribunales han autorizado varios procedimientos de embargo relacionados con el impago del laudo en el caso OperaFund, lo que ha provocado el bloqueo de 482 millones de euros en flujos de pago que el organismo europeo de navegación aérea Eurocontrol debía transferir a Enaire, su homólogo español.

Por su parte, el Tribunal Supremo del Reino Unido emitió la pasada semana una dura sentencia que rechaza los últimos argumentos presentados por España, zanjando de una vez la disputa del caso Infrastructure Services -101 millones de euros de indemnización pendiente, a los que se deben sumar casi 27 millones en concepto de intereses de demora-.

En Asia, el Tribunal Superior de Singapur registró el pasado mes de febrero el laudo correspondiente al caso NextEra, reconociendo formalmente una deuda de 290 millones de euros de España con la compañía estadounidense.

Asimismo, en agosto de 2025 el Tribunal Federal de Australia ordenó la ejecución de cuatro laudos -RREEF, 9REN, Watkins y NextEra- por un valor conjunto de 469 millones de euros.

A mediados de marzo marzo de 2026, la deuda acumulada del Reino de España con sus acreedores supera ya los 2.302 millones de euros, de los cuales 1.754,7 millones de euros corresponden a indemnizaciones pendientes de pago y 538,3 millones de euros a sobrecostes judiciales y financieros asociados a los procedimientos de ejecución.