Los trabajadores de Sintel pedirán indemnizaciones de entre 300 y 310 millones de euros
MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Audiencia Nacional su escrito de acusación definitivo y la solicitud de apertura de juicio oral por el 'caso Sintel', en el que acusa a 21 personas entre las que se encuentran 15 ex altos cargos de Sintel y a cuatro de Telefónica, de presuntos delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible, según el escrito al que tuvo acceso Europa Press.
El fiscal que investigó el caso, José Grinda, considera que la "labor" de todos los acusados "llevó a causar notables perjuicios" a los acreedores y a los trabajadores en el proceso de venta de Sintel iniciado en 1996 y su posterior quiebra en 2001, que dejó a 1.800 trabajadores sin empleo.
Por parte de Telefónica los acusados son el ex presidente Cándido Velázquez, que firmó el acuerdo de venta de Sintel en 1996, el entonces secretario del Consejo de Administración, Heliodoro Alcaraz, el secretario general en tiempos de Juan Villalonga, José María Mas Millet y el entonces vicesecretario general, Diego Luis Lozano Romeral.
El fiscal no incluyó finalmente en la lista de acusados a Villalonga, que declaró como imputado durante la fase de instrucción. Por su parte, la defensa de los trabajadores de Sintel pedirá su acusación, según confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press. Durante su presidencia se materializó el acuerdo de venta de Sintel firmado por Velázquez.
Por parte de Sintel, los principales acusados son los hermanos Jorge y Juan Carlos Mas Santos, ex presidente y ex consejero de la filial de Telefónica, respectivamente, ambos de nacionalidad estadounidense e hijos del fallecido empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa, así como el último administrador de Sintel, Carlos Gila.
Los demás imputados por parte de Sintel son el ex vicepresidente José Miguel Sariego; los miembros del consejo de administración Joel-Tomas Citron, José Antonio Casanova de San Simón, Ricardo Campos Dufau, Francisco Javier Martínez de Lahidalga, Alfredo Flórez Plaza, Juan Miguel Antoñanzas Pérez-Egea, Luis Ángel Casado Carrasco, Luís Chicharro Ortega y Dositeo Barreiro Morán.
Asimismo, están acusados el ex director financiero y apoderado de Sintel, Pedro José Novela Berlín, y el que fuera administrador único Carlos Tejera Osuna. Por último, están imputados el administrador de 'FG Newco', Jesús Roa Martínez, y el presidente de la sociedad 'Patllari', Pedro Casals Aldama.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que instruye el caso, será quien decida la lista final de acusados y su petición de apertura de juicio oral a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Por el momento, Pedraz ha aceptado el escrito de acusación presentado por el fiscal y ha pedido a las acusaciones particulares que remitan sus escritos de acusación, así como las cantidades exactas de indemnizaciones que solicitan, según informaron fuentes jurídicas.
TRABAJADORES PEDIRÁN MÁS DE 300 MILLONES.
El portavoz de los trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, explicó en declaraciones a Europa Press que todavía no tienen listo su escrito de acusación, pero que la cantidad a reclamar por su parte oscilará entre los 300 y los 310 millones de euros.
Jiménez explicó que estudiarán "caso por caso" para presentar cifras determinadas de indemnización a cada uno de los 1.800 trabajadores afectados, tal y como exige y bajo los parámetros que marca la Fiscalía.
El fiscal establece en su escrito que los trabajadores de Sintel podrán solicitar la responsabilidad civil en concepto de "reparación del daño" y de "indemnización por perjuicios materiales y morales", ambos incluidos en el artículo 110 del Código Penal.
Entre los pagos a solicitar y que vienen reclamando los trabajadores desde 2001 se encuentra la póliza de seguros de casi 12 millones de euros que el Gobierno del PP firmó con el BBVA para pagar las prejubilaciones de los 470 empleados que tenían 50 años en el momento de la quiebra.
Asimismo, se pide el cumplimiento del pago de los expedientes de regulación de empleo que quedaron sin abonar. El Plan Social aprobado el 3 de agosto de 2001 con el Gobierno del PP dejó sin pagar el 55% de los 25 millones de euros de indemnizaciones (20 días por año) por la quiebra de Sintel.
Las indemnizaciones por daños materiales y morales a los trabajadores se determinaran contando con la situación de cada uno de los afectados entre los que se encuentran muchos con incapacidad, parados, así como fallecidos, cuya indemnización irá para los familiares.
Los trabajadores de Sintel iniciaron el pasado mes de mayo las negociaciones con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la finalidad de que se cumpla el Plan Social aprobado por el PP en 2001 y por el cual se levantó el campamento que instalaron en el Paseo de la Castellana de Madrid.
El procedimiento contra los ex responsables de Sintel se inició en julio de 2001 a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por un delito de insolvencia punible. En enero de ese mismo año, los trabajadores, que protagonizaron una acampada de seis meses en el madrileño Paseo de la Castellana para reclamar sus derechos laborales, denunciaron a los anteriores responsables de la filial de Telefónica ante la Fiscalía Especial.
