Economía/Legal.- El Colegio de Registradores, denunciado por facilitar datos personales a terceros

Actualizado 22/03/2010 18:21:45 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Defensa de los Usuarios de Registros Públicos (Audrp) ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles por facilitar datos personales a terceros, vía Internet, según anunció hoy la asociación en un comunicado.

La asociación acusa a los registradores de emitir notas informativas con datos personales de ciudadanos sin que se justifiquen intereses legítimos, tal y como establecen las leyes Hipotecaria y de Protección de Datos.

El Colegio de Registradores, a través de su web www.corpme.es, emplea un sistema masivo de emisión de notas que no permite que el registrador verifique el interés legítimo del solicitante, según denunció la asociación.

De este modo, cualquier persona puede conocer los bienes de un ciudadano, su DNI, dirección, su estado civil, su régimen económico matrimonial, su patrimonio, sus hipotecas, embargos, e incluso sus deudas con solo pagar los 10,42 euros que el registrador cobra por la emisión de esta nota.

La explotación comercial de estos datos personales reporta unos ingresos estimados de unos 150 millones de euros anuales a repartir entre los cerca de 1.000 registradores en activo y el Colegio de Registradores, según las cifras aportadas por Audrp.

La asociación defensora de los usuarios entiende que el Colegio de Registradores está incurriendo en una "gravísima" y "reiterada" infracción de la ley por ceder los datos sin el consentimiento de los titulares de los mismos para una finalidad no prevista en norma alguna, y atentando contra el ejercicio de derechos fundamentales, como son los de autodeterminación informativa, intimidad personal y a la propia imagen.

Por ello, la asociación solicita a la Agencia Española de Protección de Datos la "urgente" inmovilización de los ficheros de datos de información personal, el cese de su tráfico y la aplicación del régimen sancionador con el máximo rigor, por considerar que esta práctica vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos.