Un Juzgado de Madrid investiga a los ex presidentes de Caja Madrid y de la CEOE por un crédito concedido sin garantías, según la acusación
MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 9 de Madrid, José Silva, ha requerido a la Dirección General de la Policía que le remita, en el plazo de un mes, información precisa sobre las "salidas y entradas simultáneas" del territorio español del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, así como de sus lugares de destino y origen.
Así lo acuerda el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que informa de más de una treintena de diligencias a practicar en el marco de la investigación sobre el crédito de 26,5 millones de euros concedido por Caja Madrid al grupo de empresas de Díaz Ferrán cuando era miembro del Consejo de Administración de la entidad.
La acusación, ejercida por el sindicato Manos Limpias, afirma en su querella que figuraba como garantía del préstamo "un holding empresarial que se encontraba en quiebra", en referencia al Grupo Marsans, e imputa indiciariamente a los empresarios delitos societarios y falsedad documental.
"A la vista de lo declarado por los imputados en la presente causa Miguel Blesa de la Parra y Gerardo Díaz Ferrán", comienza la providencia, fechada el pasado 7 de diciembre, el juez dirige sus requerimientos a la Dirección General de la Policía, al Banco de España, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al Consejo General del Notariado y al propio presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
Así, da a la Policía un mes para que le remita los datos que obren en la Dirección General sobre las "salidas y entradas simultáneas" de España de los imputados, junto a los correspondientes al lugar de destino, origen y puesto fronterizo de control.
Además, el juez Silva solicita a los directivos de Bankia, entre ellos su presidente Goirigolzarrri, que aporten en un plazo de 30 días información "detallada y documentada" de las operaciones en activo -- en particular préstamos, créditos y líneas de crédito-- que se hayan otorgado a Blesa y Díaz Ferrán, pero también a sus hijos, esposas o socios, la empresa Marsans o cualquier otra entidad vinculada a los imputados desde el año 2003 hasta la actualidad.
En este punto, demanda documentación sobre los créditos "sin garantía real de ninguna clase" que pudieran haberse concedido al expresidente de la patronal, a sus hijos, a su socio Gonzalo Pascual --ya fallecido--, a la empresa Marsans o a las entidades de su titularidad desde 2003 hasta 2010.
INFORMES DE LOS INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA
También emplaza al grupo fusionado a dar traslado a su Juzgado de los datos de los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Riesgos, Comité Financiero y Comisión ejecutiva delegada o de los empleados que hayan constituido "la línea ejecutiva" de la Dirección General Financiera y de Riesgos de la entidad entre los años 2003 y 2010.
En este punto, quiere saber quienes fueron las personas que intervinieron en las negociaciones de refinanciación de la deuda y los motivos por los que se truncó la operación.
En 2009 se intentó refinanciar el crédito pero se detectó que las acciones de la empresa de viajes Marsans estaban pignoradas a favor de Banesto. Fue en ese momento, cuando Blesa abrió el expediente contra Díaz Ferrán para expulsarle del Consejo por el impago del crédito.
Entre otras diligencias, el magistrado reclama al director General de Supervisión del Banco de España que envíe una copia, "debidamente testimoniada", de los informes evacuados por los inspectores que ejercían la supervisión sobre Caja Madrid desde 2002 hasta 2010.
La acusación mantiene que los préstamos acordados entre 2004 y 2009 alcanzaron la deuda de 26,6 millones de euros y añade que habría que sumar a esta cifra una partida de cerca de "cinco millones de euros en préstamos que estaban bajo el epígrafe "familiar".
OPERACIONES "SOSPECHOSAS" Y DECLARACIONES DE LA RENTA
De igual modo, solicita al Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que informe de las "operaciones sospechosas" de la posible comisión de blanqueo de capitales relacionadas con Blesa, Díaz Ferrán o el grupo Marsans.
Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, demanda al director general de la Agencia Tributaria que remita a su juzgado copia de las diez últimas declaraciones de los impuestos de renta y sociedades referentes a los investigados y a cuantas sociedades estuvieran sujetas a su administración.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 9 de Madrid dictó esta providencia después de acordar la retirada del pasaporte a Díaz Ferrán tras tomarle declaración el pasado 5 de diciembre. No impuso ninguna medida cautelar para Blesa.
