MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Empleo, Antonio González, se comprometió hoy con los trabajadores de Sintel a concretar y cerrar el plan social antes del 30 de octubre. El objetivo del plan es dar cobertura definitiva a los 1.800 trabajadores afectados por la venta y posterior quiebra de la antigua filial de Telefónica dando cumplimiento al acuerdo de quiebra firmado hace seis años con el entonces Gobierno del Partido Popular.
El representante de los trabajadores, Adolfo Jiménez, explicó en declaraciones a Europa Press que González también se ha comprometido a "obligar a la comisión liquidadora a abonar los pagos pendientes". La Administración está presenta en el grupo de control y vigilancia de esta comisión a través de Hacienda y la Seguridad Social al ser perjudicados de la quiebra.
De este modo, los representantes de Trabajo garantizaron la cobertura de los pagos pendientes de la quiebra correspondientes a las indemnizaciones (20 días por año trabajado) y al plan de pensiones que sumados ascienden a unos 25 millones de euros.
Una vez se cierre el documento, se abrirá la fase de aprobación durante la que será sometido al Consejo de Ministros y a la votación de la Junta General de los trabajadores de Sintel, formada por los 1.700 perjudicados. "Nos gustaría llegar a Navidad con el plan aprobado", apuntó Jiménez cuyo objetivo es cerrar las negociaciones antes del fin de la legislatura.
Los trabajadores se volverán a reunir con Trabajo el próximo 3 de octubre en lo que consideran "la recta final". Los representantes de Trabajo se comprometieron a revisar el "descubierto" de casi 12 millones de euros correspondientes a la póliza de seguros para pagar las prejubilaciones de los 470 empleados que tenían más de 50 años en el momento de la quiebra, explicó Jiménez.
El plan social tratará de integrar las prejubilaciones de los 200 antiguos trabajadores de Sintel que crearon Sintratel hace cuatro años, así como medidas especiales dirigidas a los empleados que sufre discapacidades o no han podido reintegrarse en el mundo laboral.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de González, se comprometió el pasado mes de mayo a agilizar el pago del 55% (12,02 millones de euros) de las indemnizaciones aprobadas en el acuerdo de quiebra alcanzado en agosto de 2001 con el entonces Gobierno del PP y que todavía están pendientes de abonar.
