MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los 1.828 trabajadores afectados por la quiebra de la Sintel piden a la Audiencia Nacional que condene a los ocho acusados por el vaciamiento patrimonial de la filial de Telefónica a penas de cuatro años de cárcel por un delito de insolvencia punible y a pagar una indemnización de 296,5 millones de euros, según los escritos de acusación de las dos acusaciones particulares a los que tuvo acceso Europa Press.
"La única intención de los compradores de Sintel era la de quedarse con todos los activos, manteniéndola activa durante la vigencia del contrato de obras y servicios firmado con Telefónica y liquidarla después eludiendo las responsabilidades derivadas de su disolución en fraude de sus trabajadores y acreedores", concluye uno de los escritos.
Los abogados de las dos acusaciones particulares del 'caso Sintel' presentaron la pasada semana sus respectivos escritos de acusación, coincidentes en sus peticiones, ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Éstos, junto al de la Fiscalía, serán ahora trasladados a las defensas antes de la apertura de juicio oral.
La cifra de 296,5 millones de euros de indemnizaciones se verá elevada considerablemente al sumar los intereses con carácter retroactivo desde la quiebra, el plan de pensiones pendiente de pago, las indemnizaciones por despido que no llegaron a recibir más las indemnizaciones por daños morales, todas pendientes de calcular.
El portavoz de los trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, explicó en declaraciones a Europa Press que "esperan que después de ocho años de investigaciones y trece de la quiebra, se celebre por fin el juicio, se depuren las responsabilidades y se paguen las indemnizaciones". "La Justicia deja de ser justa cuando es lenta", matizó.
En el momento de la quiebra, en mayo de 2001, los administradores de Sintel dejaron en la calle a 1.828 trabajadores distribuidos por todo el territorio nacional, a los que les adeudaban salarios por un total de 29,9 millones de euros. Para denunciar su situación, los perjudicados acamparon durante seis meses en el Paseo de la Castellana de Madrid en el que se llamó "el Campamento de la Esperanza".
Los acusados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz son los hijos del empresario cubano exiliado en Estados Unidos y ya fallecido Jorge Mas Canosa, Jorge y Juan Carlos Mas Santos, ex presidente de Mastec y ex presidente de Mastec Internacional, respectivamente, y responsables de Sintel desde su adquisición a Telefónica en abril de 1996.
Los otros procesados son el ex vicepresidente de Sintel José Miguel Sariego y los miembros del consejo de administración Juan Antonio Casanova de San Simón, Joel-Tomas Citron, Ricardo Campos Dufau, Alfredo Flórez Plaza y el ex director financiero y apoderado de Sintel, Pedro José Novela Berlín. La Fiscalía pide para estos dos últimos dos años y seis meses de cárcel como cooperadores necesarios en la comisión de los delitos.
Además, los trabajadores piden al tribunal que condene como responsables civiles subsidiarias a las empresas Mastec y Artcom Artcom Technologies -esta última beneficiaria de parte del dinero-.
En abril de 1996 Telefónica alcanzó un acuerdo con Mastec, propiedad de Mas Canosa, para venderle su filial Sintel a través de la filial MasTec International, creada únicamente para gestionar la compra.
A partir de ahí, los responsables realizaron "operaciones de descapitalización progresiva" con simulaciones de ventas de Sintel a varias sociedades "desgajadas de la matriz" y domiciliadas en paraísos fiscales "sin que conste que Sintel haya cobrado cantidad alguna", según el escrito de acusación del fiscal al que tuvo acceso Europa Press.
