Una acusación particular pide a Garzón y Pedraz que llame a declarar a los ex presidentes del organismo regulador Armesto y Calzada
MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) clasificó a Fórum Filatélico y Afinsa como "entidades financieras no registradas" en su Memoria Anual de 1999, presentada y ratificada en marzo de 2000 por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. En el informe quedó documentada la tramitación que la CNMV hizo de dos denuncias contra ambas entidades, que resultaron favorables al reclamante, y figuran dentro del recuadro "Relación de entidades financieras no registradas contra las que se presentaron reclamaciones en 1999".
El trámite de los expedientes de reclamación pone de manifiesto que la CNMV actuó como órgano supervisor de las filatélicas en 1999. Esto apoyaría la querella de la Fiscalía Anticorrupción, que las acusa de captación de ahorro, motivo por el que se intervino el pasado 9 de mayo de 2006, así como la posible responsabilidad patrimonial del Estado por negligencia en su control.
La acusación particular ejercida por el despacho Osorio & Asociados presentó ayer ante los Juzgados de Instrucción número 1 y número 5 de la Audiencia Nacional sendos escritos en los que pide a sus titulares Santiago Pedraz y Baltasar Garzón que llamen a declarar al presidente de la CNMV durante 1999, Juan Fernández Armesto y a su sucesor a partir de octubre de 2000, Blas Calzada, para que aclaren por qué no se ordenó el cese de la actividad si conocían su naturaleza real, según el documento al que tuvo acceso Europa Press.
La acusación mantiene en su escrito que la CNMV "conocía perfectamente" en 1999 que las filatélicas eran entidades "puramente financieras y que ejercían como tales sin autorización alguna". En ese caso, su supervisión correspondería a este organismo, a la Dirección General de Seguros o al Banco de España, "únicos" organismos oficiales que "tenían y tienen" reservadas las competencias para estas empresas.
En el escrito, también se pide que acuda a declarar el director general de los Servicios Jurídicos de la CNMV, Javier Rodríguez Pellitero. Pellitero elaboró un informe de fecha 12 de junio de 2007, incorporado a ambas causas, en el que se niega la responsabilidad patrimonial del organismo en las presuntas estafas al tratarse de empresas "mercantiles", cuyo control depende del Ministerio de Sanidad y Consumo.
También se piden las comparecencias de la actual directora del Servicio de Reclamaciones que tramitó las denuncias, Gloria Bombín, y del presidente de la asociación de afectados Adicae, Manuel Pardos, que envió una carta en marzo de 2002 dirigida a Calzada en la que mostraba la necesidad de regulación de la actividad de Fórum y Afinsa. Bombín contestó a Pardos en nombre de Calzada negando la competencia de la CNMV.
La acusación requiere a los jueces que soliciten a la CNMV la remisión de los expedientes completos de tramitación de las reclamaciones, el informe anual de las reclamaciones registradas ante el Departamento de Atención al Público y las actas de los Consejos y las Comisiones Ejecutivas correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000, entre otros documentos.
El pasado mes de octubre, Garzón ordenó a la CNMV, a petición del Ministerio Fiscal, que remitiera toda la documentación referente a Fórum que figura en sus archivos. Fuentes de la Fiscalía, explicaron que tras analizar toda la documentación aportada no se encontró "rastro" de comunicaciones entre ellos.
Al respecto, el juez tomó declaración este mes al actual director de Autorización y registro de Entidades, Antonio Moreno, y al entonces director de Autorización y Registro, Alfredo Jiménez, a raíz de un fax que ordenaba el cese de actividades a Bosques Naturales enviado a Fórum desde la CNMV.
TESITURA MERCANTIL O FINANCIERA.
El escrito pone de manifiesto que, tras las "diversas" comunicaciones emanadas de los "diferentes" organismos de la Administración del Estado, "se continúa" en la "tesitura" de clasificar a la actividad como mercantil o financiera. Con la petición de diligencias, se solicita a los jueces que diriman la cuestión por la vía penal con la finalidad de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado por la negligencia y la falta de supervisión de las administraciones durante los 27 años de funcionamiento de las empresas.
La acusación defiende que el "quid" de la cuestión se encuentra en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores (LMV), aprobada en 1998, que desautoriza a cualquier "persona o entidad" a "apelar o captar ahorro" sin someterse "a la CNMV, a la normativa sobre inversión colectiva o a cualquier otra legislación especial que faculte para desarrollar la actividad antes citada".
En este caso, las ofertas de elevados intereses de revalorización con los que captaban clientes suponía una apelación y captación de ahorro del público "prohibidas por no realizarse ni como banco, ni como institución de inversión colectiva, ni sujetándose a la normativa sobre emisiones de valores de la LMV, ni al amparo de una legislación especial que la autorizase", explica el escrito.
Fórum y Afinsa operaron sin legislación específica hasta que en 2003 se aprobó la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 35/2003, que regulaba las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y que las sometía a supervisión del Ministerio de Sanidad y Consumo por el carácter mercantil de la compraventa de sellos. El pasado 29 de noviembre el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Bienes Tangibles, que regula la actividad mercantil de estas empresas.
