Serra y Todó "no fueron ni ordenados empresarios ni representantes leales"
BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Fernando Maldonado ha asegurado este viernes que la subida de sueldos a los directivos aprobada por el consejo de administración de Caixa Catalunya en enero y octubre de 2010 supuso una "grave lesión a los intereses de la entidad" en una situación de crisis económica generalizada y de la caja, por lo que lo considera dos delitos de administración desleal.
Así lo ha expuesto en su informe final ante la Sección 8 de la Audiencia de Barcelona que juzga al expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, a su exdirector general Adolf Todó y a otros 39 acusados que formaban parte del consejo de administración que aprobó las subidas salariales --que el fiscal cifra en un efecto económico de 783.000 euros-- en pleno proceso de fusión con Caixa Manresa y Caixa Tarragona.
Para el fiscal, que ha rebajado de cuatro a tres años la petición de cárcel para Serra y Todó, "la entidad era un gigante con pies de barro y los administradores no fueron ni ordenados empresarios ni representantes leales", ya que manejaron los fondos sin ningún tipo de control.
"INADECUADA Y DELICTIVA"
Maldonado ha constatado que, en un contexto de crisis extraordinaria en la entidad bancaria, de práctica insolvencia, en sus palabras, la subida salarial en dos consejos de administración, en enero y octubre de 2010, fue "inadecuada y delictiva".
Ha citado un informe de junio de 2008 del supervisor de Caixa Catalunya en el que planteaba que la entidad estaba en un escenario difícil con incremento de la morosidad y deterioro de los ratios de solvencia: "Eran nubarrones lo que caía" sobre la caja.
En su exposición, ha recalcado que Caixa Catalunya era la cuarta entidad de España pero necesitaba al Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob) --que en 2010 inyectó 1.250 millones de euros; en 2011, 1.718, y en 2012 otros 9.084-- al ser una "entidad vulnerable".
Ha recordado que en el momento de la subida salarial de los sueldos de los directivos Adolf Todó y Jaume Massana --que no está acusado porque no era del consejo de administración-- la entidad estaba en pleno ERE, que acabó afectado a 1.630 trabajadores, y que no solo hubo bajas incentivadas.
"EXTRAORDINARIAMENTE PELIGROSA"
Así, ha resaltado que la caja estaba en una "situación crítica, extraordinariamente peligrosa", no era viable sin el Frob, y que, según él, no podía caminar por sí misma, si bien ha rebajado su petición de responsabilidad civil a los acusados a 783.000 euros (inicialmente pedía 2,56 millones).
Además, se ha remontado a ese año 2010, cuando España estaba inmersa en plena crisis y los trabajadores veían recortados sus sueldos que, en muchos casos, a día de hoy no se han recuperado: "Todos sabemos de donde proceden los salarios mileuristas que todavía se están sufriendo".
SUELDOS DE PRIMERA
Para ejemplificar lo que supuso esta subida, Maldonado ha usado un símil futbolístico para expresar que Todó y Massana querían unos sueldos de primera división --que se estaban pagando a directivos de bancos-- cuando su entidad --una caja de ahorros-- jugaba en segunda.
Ha cargado también contra los consejeros que votaron a favor de los acuerdos retributivos, que se escudaron en que no tenían formación financiera, confiaban en el equipo directivo, tenían información positiva de la evolución de la entidad y que querían fidelizar a la dirección.
"Cobraban 1.625 euros en dietas por asistencia y ese año 80.000 euros en total de enero a noviembre. Lo mínimo que se les puede pedir que es que se miren los datos", les ha afeado, asegurando que actuaron con ignorancia deliberada.
CONSEJEROS, COOPERADORES
Ha considerado que los miembros del consejo fueron cooperadores necesarios porque "eran los únicos que podrían haber articulado algún mecanismo de rechazo": para ellos pide penas de cárcel de entre dos años y tres meses y nueve meses en función de su participación.
El fiscal ha considerado probado que, al contrario de lo que afirmaron en el juicio Serra y Todó, este último estuvo presente en las votaciones del consejo de administración porque así lo dijo cuando declaró en el juzgado de instrucción y ha defendido que el Banco de España no estaba al corriente de las decisiones y que se enteró posteriormente por la prensa.
