MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inició sobre las 11.00 horas de hoy, con una hora de retraso, la primera sesión del juicio por el caso 'Gescartera', en la que se escucharán las cuestiones previas planteadas por los abogados de las partes.
El juicio se celebra en las instalaciones de la Casa de Campo de la Audiencia Nacional, dada la magnitud de la causa que suma un total de 100 partes personadas. La estafa financiera de la agencia de valores Gescartera, descubierta en 2001, afectó a 4.000 inversores por un desajuste patrimonial que alcanzó los 52 millones de euros.
La primera en tomar la palabra fue la presidenta del tribunal, Carmen González Pastor, que está acompañada por los jueces Juan Francisco Martel y Ricardo Rodríguez.
En la primera fila se la sala se sentaron el principal acusado, el fundador de Gescartera, Antonio Camacho, junto a la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna.
Camacho llegó a estas instalaciones de la Audiencia Nacional unos minutos antes de la 10 de la mañana, acompañado de su mujer y también imputada, Laura García Morey, y de su abogado, Miguel Bajo. Camacho, vestido con traje, camisa azul claro y corbata azul marino, no quiso hacer declaraciones a la prensa.
La Fiscalía Anticorrupción pide para él once años de prisión por presuntos delitos de apropiación indebida y delito continuado de falsedad en documento público y mercantil, para su mujer solicita tres años de cárcel.
También acompañada por su abogado, llegó visiblemente afectada la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna. La Fiscalía pide para ella once años de prisión.
Tras ellos, entraron en la sala, también junto a sus abogados, otros responsables del fraude, como el principal comercial de la entidad, Aníbal Sardón; el apoderado y ex técnico de la CNMV Javier Ruiz de la Serna, y los consejeros Francisco Javier Sierra de la Flor y Miguel Ángel Vicente González para los que reclama ocho años de prisión.
DECLARARAN 120 TESTIGOS.
En el juicio están personadas 46 acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción, responsables civiles y subsidiarios, partícipes a título lucrativo y perjudicados, lo que suma un total de 100 partes personadas. Además declararán alrededor de 120 testigos.
En el sumario, de más de 50.000 folios, figuran como responsables civiles directos las sociedades Gescartera Dinero AV, Gescartera Gestión SGIIC y Asesoría y Gestión de Patrimonios. Las entidades Caja Madrid y 'La Caixa' están considerados responsables civiles subsidiarios por las acusaciones particulares después de no conseguir responsabilizar al Estado.
Entre las acusaciones particulares se encuentran la Fundación Once, poseedora del 10% del capital social de Gescartera, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN), así como numerosas órdenes religiosas como el Arzobispado de Valladolid, el Instituto Español de Misiones Extranjeras o las Hermanas Dominicas.
El 'caso Gescartera' surgió en 2001 cuando la CNMV intervino la agencia de valores, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación.
La repercusión del escándalo alcanzó al entonces Secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, que dimitió.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, concluyó que Gescartera no aplicaba los fondos de los clientes en inversiones sino que se apropiaba el dinero entregado por sus inversores y lo utilizaba para actividades de la sociedad y el beneficio de sus responsables. El mecanismo se basaba en ordenar operaciones de compraventa de acciones en el día (intradía), asignando aparentes ganancias a los clientes y colocando las pérdidas a un testaferro utilizado por Gescartera.
En la actualidad, los afectados por esta presunta estafa han recibido más de 26 millones de euros de indemnización (con un tope legal de 20.000 euros por caso), la mitad del "agujero" que la Fiscalía Anticorrupción detectó en Gescartera. Las indemnizaciones salieron del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain).
Palacios decretó la apertura del juicio oral en julio de 2004. Un año antes, Camacho abandonó la cárcel madrileña de Soto del Real tras cumplir tres en prisión preventiva y después de depositar los 300.000 euros de fianza a los que Palacios le rebajó el pago impuesto inicialmente que alcanzaba 1,5 millones de euros.
