S"AGARO (GIRONA), 19 (EUROPA PRESS)
El presidente del PSC, Pasqual Maragall, anunció hoy que su grupo
parlamentario presentará el próximo martes una proposición de ley de
modificación de la Ley de Cajas de Ahorros que pretende preservar la
independencia de estas entidades y la autoregulación de sus
estatutos.
Así, las cajas podrían decidir la edad máxima de sus consejeros y
directores generales, uno de los puntos más polémicos. Por su parte,
el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Francesc Homs,
afirmó que "no entendemos la motivación" de los socialistas para
lanzar la propuesta ahora. Maragall indicó que "no queremos
incertidumbre sobre la marcha de unas instituciones tan importantes"
en Catalunya y apostó por "preservar la continuidad del modelo"
actual.
En su opinión, la modificación de la Ley que proyecta la Generalitat
es "un pacto político con intereses partidistas", en referencia a
CiU. Maragall y Homs realizaron estas declaraciones en el VIII
Encuentro de Economía de S"Agaró, que se celebra ayer y hoy en la
localidad gerundense, durante sus intervenciones sobre "Fiscalidad,
Estado del Bienestar y Territorio". Estas jornadas están organizadas
por la Cámara de Comercio de Barcelona, la Fundación Internacional
Olof Palme y el diario "La Vanguardia".
El líder socialista dijo que, previsiblemente, la Ley de Cajas
entrará en vigor el próximo 1 de noviembre y señaló que "no
querríamos que sirviese como reloj de cuenta atrás" de las cajas de
ahorro. Asimismo, subrayó que la proposición de ley del grupo
socialista "obligará al Parlament a pronunciarse sobre esta materia".
La nueva ley que plantea el PSC propone que los consejeros y los
directores generales de las cajas de ahorro "tengan un límite de edad
para el ejercicio de su cargo que esté fijado por los Estatutos de
cada entidad" y, en caso de ausencia de regulación, se establece
automáticamente la edad de 77 años para los consejeros y de 70 años
para los directores.
Por su parte, el conseller Homs aseguró que la Ley de Cajas "no es
un pacto político sino un proyecto de ley al que CiU ha presentado
una enmienda para la recuperación de la competencia de Catalunya en
las cajas". Asimismo, dijo que "no entendemos la motivación" de que
el PSC pida ahora que se modifique la Ley.
Por otro lado, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, se refirió a la
supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y aseguró que
la reforma ha sido "precipitada" y que el proceso de negociación ha
sido "desconsiderado" con la Administración local.
En este sentido, criticó que el IAE "se cambia seis meses antes de
las elecciones municipales". "El Gobierno aprueba un proyecto de ley
que envía a las Cortes, dice a los ayuntamientos que hablen con sus
partidos y hagan enmiendas y el 1 de enero tendremos un nuevo
impuesto", agregó.
Según Clos, "es una reforma patatera" y, cuando entre en vigor, "las
empresas pequeñas tendrán que pagar un nuevo Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) profesional y las grandes pagarán un 30 por ciento
más". "Se recaudará lo mismo, pero con nombres diferentes", añadió.
En opinión de Clos, la reforma del IAE "tiene defectos jurídicos y
políticos que lo hacen inaplicable y todo el mundo está en contra".
Por ello, el alcalde de Barcelona propuso un nuevo proceso de
negociación de reforma del IAE durante 2003, coincidiendo con el
nuevo quinquenio de financiación local. En esta misma línea, Homs
coincidió en que la supresión del IAE es necesaria, pero criticó las
formas, y se mostró partidario de estudiar otras fórmulas para no
debilitar la suficiencia financiera de los ayuntamientos y "no
inventar" nuevas figuras fiscales, como el IBI profesional.
Por otra parte, el conseller de Economía del Gobierno balear, Joan
Mesquida, pidió "menos demagogia fiscal" porque "el Estado del
Bienestar no se puede entender sin políticas fiscales". Según
Mesquida, "los objetivos redistributivos sólo se pueden entender a
través del gasto público".
Mesquida afirmó que "menos infraestructuras equivale a menos
bienestar colectivo" y aseguró que los tres pilares sobre los que se
fundamenta el Gobierno balear son el Estado del Bienestar, la
fiscalidad y el territorio.
El secretario de Política Institucional de la UGT de Catalunya,
Ciriaco Hidalgo, destacó que "hay un miedo creciente a hablar de
impuestos" y acusó a los mandatarios de "no hablar con claridad" al
respecto, "confundiendo" así a los ciudadanos. "Entran en la subasta
permanente a ver quien baja más impuestos y generan incertidumbre".
En opinión de Hidalgo, "debe haber equilibrio en las cuentas
públicas, pero no se puede hacer del déficit cero una herejía
económica".
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19-Oct-2002 15:37:16
(EUROPA PRESS)
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