MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El organismo autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha solicitado por escrito al Ministerio de Sanidad y Política Social los estudios económicos que disponga sobre el impacto que tendrá la implantación de la nueva Ley Antitabaco, al tiempo que le advierte de un posible incremento del comercio ilícito de cigarrillos tras el endurecimiento de la regulación, con una consecuente caída en la recaudación de impuestos.
Según los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, el ente adscrito a Economía explica a Sanidad que con la prohibición del consumo de tabaco en locales autorizados para su venta, esta actividad se convierte en un "servicio de alto riesgo" para el empresario por las eventuales inspecciones, la incomodidad de accionar el mando a distancia o las denuncias de no fumadores, recibiendo en contrapartida sólo 150 euros al mes si la máquina expendedora lograse vender 1.000 cajetillas en este periodo de tiempo.
De este modo, el Comisionado apunta que con las previsiones elaboradas por la Federación Española de Hostelería y Restauración, entre un 20% y un 40% de los titulares autorizados para la venta con recargo decidirán dejar de prestar este servicio.
Para el organismo dependiente de Economía, la reducción del número de máquinas en servicio provocará un crecimiento del comercio ilícito (falsificaciones y contrabando), lo que tendrá sus implicaciones en la venta regulada de tabaco legal, la producción tabaquera y, consecuentemente, en la recaudación de impuestos asociados al tabaco.
Un impacto para las arcas estatales que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha cifrado entre los 1.000 millones y los 2.500 millones de euros como consecuencia de la no recaudación derivada del comercio ilícito.
En su respuesta, Sanidad no considera "de relevancia" las advertencias apuntadas desde Economía y alega que los supuestos problemas "no son tales, como se demuestra en la práctica cotidiana".
La Dirección General de este Ministerio defiende que "basta comentar que es práctica habitual que no se consuma el producto adquirido en el propio local de venta".
En cuanto a la petición de los mencionados estudios económicos, Sanidad indica que el departamento posee información sobre el impacto económico por pérdida de clientela, pero no por el supuesto de reducción de puntos de venta que indica el Comisionado en su solicitud.
