MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso debatirá este jueves la enmienda de totalidad con texto alternativo que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha presentado contra el proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que busca "mejorar" el decreto original del Gobierno 'limpiándolo' de todos los temas que no guardan relación con la normativa laboral
El proyecto de ley se deriva de un decreto ley que este verano aprobó el Gobierno para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal de la Unión Europea declarando nula el método de cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores con contrato a tiempo parcial por considerar que vulneraba las normas comunitarias antidiscriminación.
En ese momento, el Ejecutivo acordó una nueva fórmula de cálculo con los agentes sociales, que pasa por aplicar un coeficiente de parcialidad determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable y que se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada período, con la suma, en su caso, de los días cotizados a tiempo completo para completar el total de días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones.
El acuerdo fue plasmado literalmente en el decreto ley, con el apoyo unánime de todos los grupos de la oposición. Sin embargo, el Gobierno decidió incluir en la misma iniciativa todo un paquete de medidas relacionadas con asuntos tan diversos como los cánones ferroviarios, el déficit de AENA o la Sareb, lo que causó malestar entre la oposición e impidió la unanimidad en la convalidación del decreto.
TRAMITACIÓN COMO PROYECTO
Para aplacar los ánimos, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aceptó entonces que el texto se tramitara como proyecto de ley, abriendo así la puerta a los grupos parlamentarios para poder incorporar cambios al resto del articulado, sobre todo en lo referente a la reforma laboral y la negociación colectiva.
La Izquierda Plural ha sido el único que ha optado por presentar una propuesta alternativa, en la que los artículos relativos a los trabajadores a tiempo parcial se mantiene tal cual lo acordaron los agentes sociales, al igual que se conservan literalmente los aspectos para mejorar los mecanismos de asistencia y apoyo a las víctimas y familiares del accidente de Alvia del 24 de julio en Santiago de Compostela.
Sin embargo, se eliminan todos los artículos relativos a otros temas, dejando el proyecto de ley como una normativa meramente laboral, en la que se busca, por ejemplo, "dotar de mayor seguridad jurídica" a los parados que cobran prestación y que quieren salir al extranjero, una situación "cada vez más común" y que el Gobierno "pretendía resolver únicamente mediante sanciones y extinciones o suspensiones de la prestación".
Para ello, se propone que no haga falta solicitar una autorización previa a la salida del país sino sólo comunicar a posteriori. Además, se amplía de 15 a 30 días el tiempo fuera de España que no se considera estancia en extranjero y se incluye la previsión de que no se suspenderá el cobro de la prestación si la salida, inferior a seis meses, es para trabajar o buscar trabajo.
Del mismo modo, se introduce que se deba abrir un expediente administrativo previo para proceder a la extinción de la prestación, dando mayor seguridad jurídica a este procedimiento.
TRABAJO A TIEMPO PARCIAL
Por otra parte, se plantea una nueva redacción para la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para "restablecer y ampliar" los mecanismos de control de la correcta aplicación del contrato a tiempo parcial. Así, se fija que el contrato a tiempo parcial no pueda superar el 77% de la jornada ordinaria, se prohíben las horas extraordinarias salvo ciertas excepciones y se limita al 30% las horas complementarias permitidas.
Asimismo, se obliga a que el contrato recoja los días y horas de trabajo, y a que la empresa deba comunicar "fehaciente y anticipadamente" tanto al trabajador como al Servicio Público de Empleo (SEPE) cualquier variación del horario.
La enmienda también plantea una alternativa a los "problemas existentes para determinar los mecanismos de consulta y negociación en los procesos derivados de movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, suspensión y rescisión de contratos de trabajo".
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Y es que, a juicio de la Izquierda Plural, con este decreto el Ejecutivo 'popular' realizó "un intento de clarificación sumamente insatisfactorio sobre el vacío normativo existente a la hora de determinar los sujetos legitimados para actuar en el periodo de consultas y negociación en procedimientos que afectasen a varios centros de trabajo, especialmente, en el caso en que alguno de los centros de trabajo afectados contase con representantes legales de los trabajadores y otros no" y se limitó el número de integrantes de una comisión negociadora a trece.
Para corregir los "problemas mucho más graves" que han creado estos dos cambios, que "obstaculizan o impiden de manera irracional y desproporcionada la actividad sindical", la Izquierda Plural propone modificaciones que den más seguridad jurídica a los afectados por despidos colectivos o por decisiones empresariales declaradas injustas, o revisar el procedimiento de negociación y la información a aportar por el empresario, de tal modo que se evite facilitar los despidos colectivos en multinacionales afincadas en España, como temen los sindicatos.
Por último, IU-ICV-CHA incorpora dos disposiciones para obligar al Gobierno a que, en el plazo de un año, presente sendos informes sobre el impacto de la nueva regulación de acceso a la jubilación para contratos a tiempo parcial y posibles mejoras, y sobre el impacto en la equidad y la contributividad de fijar en quince años el periodo mínimo de cotización obligatoria para tener acceso a la pensión.
