MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
Convergència i Unió (CiU) ha registrado en el Congreso un nuevo paquete de enmiendas al proyecto de ley Antidesahucios --fruto de la fusión del proyecto del Gobierno y de la iniciativa legislativa popular-- proponiendo modificaciones para permitir la dación en pago cuando la hipoteca supere el 40% de los ingresos familiares y abriendo vías para la segunda oportunidad en los casos de deudores de buena fe.
Según ha criticado la nacionalista catalana Lourdes Ciurò en una nota de prensa, el PP ha "vaciado de contenido" la iniciativa ciudadana por la dación en pago, "dando la espalda" a medidas que servirían para superar el "drama social" de los desahucios.
Por eso, el Grupo Catalán ha aprovechado el nuevo trámite de enmiendas abierto en el Congreso al texto refundido para sumar nuevas propuestas de modificación a las que ya tenía registradas, que no obstante mantiene vivas para su debate, el próximo martes, en la Ponencia y, el jueves o el martes siguiente, en la Comisión de Economía que aprobará definitivamente la norma antes de remitirla al Senado.
POTENCIAR LA INTERMEDIACIÓN
En concreto, CiU apuesta por la intermediación en los procesos de endeudamiento sobrevenido como salida a la ejecución hipotecaria, y abre la puerta a que se aplique la dación en pago en aquellos casos de insolvencia sobrevenida de buena fe en que la hipoteca sobre la vivienda habitual supere el 40% de los ingresos familiares.
Incluye asimismo en esta posibilidad a las familias cuya única fuente de ingresos sea una pensión pública y a los avalistas, a quienes además no se debería reclamar el pago de la deuda de un tercero cuando éste se haya acogido a las previsiones de la Ley Antidesahucios. "Si el deudor principal no se acoge esta Ley el avalista podrá acogerse al derecho de moratoria previsto", añaden.
Además, los nacionalistas catalanes buscan vías para dar una segunda oportunidad a los deudores sobrevenidos, ofreciendo la posibilidad de que pueda permanecer en su vivienda tras el desahucio en régimen de "renta social con opción a compra" a través de "pagos más reducidos" y "siempre y cuando cumpla" con su abono. "Así se beneficia a deudor y acreedor", justifica Ciurò.
Con relación a los intereses de demora, proponen limitarlos a 2,5 veces el precio del dinero, medio punto menos que lo que propone el Gobierno, además de precisar que deben aplicarse únicamente a las cuotas impagadas, y no al total del crédito.
En cuanto al Código de Buenas Prácticas, CiU defiende que se amplíen sus requisitos para que puedan acogerse a las medidas contempladas --renegociación de la deuda, quita o, en última instancia, dación en pago-- más colectivos. En concreto, sugiere elevar el nivel para acogerse del 3 al 5 veces el IPREM, más un 15% por cada miembro de la unidad familiar a partir del tercero. Además, sugieren que se incluya a cualquier familia que carezca de vivienda o a aquéllos cuyos créditos carecen de garantías reales, y duplicar el valor máximo de la vivienda previsto.
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO
Por último, Convergència i Unió recoge en otro paquete de enmiendas cambios relativos al alojamiento alternativo que debería ofrecerse a las víctimas de desahucio, previendo entre otras cosas que un porcentaje de los pisos en manos de entidades financieras rescatadas se dejen en manos de comunidades y ayuntamientos para convertirlas en viviendas sociales.
Con respecto a los inquilinos o propietarios de viviendas con protección oficial, se estipula que no haga falta una autorización de la administración competente para poder acogerse a la dación en pago y que no tengan que reintegrar las ayudas recibidas ni las exenciones y bonificadas, previsiones que ya contempla la norma del Gobierno.
Por último, CiU aprovecha también la tramitación de este proyecto de ley para plantear una reclamación que ya ha puesto sobre la mesa en diversas ocasiones a través de iniciativas parlamentarias: que el adquiriente de una vivienda tras un desahucio se haga cargo de cualquier deuda que pudiera existir con la comunidad de vecinos. En el caso de entidades financieras, deberán justificar el pago para poder obtener el certificado de cargas.
