Avisa de que la derogación de la medida tendría un efecto inmediato en el déficit y la deuda española
MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno defiende su decisión de vetar la tramitación parlamentaria de la proposición de ley del PP que pretendía dejar sin efecto la 'congelación' de las pensiones en 2011 alegando que generaría una "inseguridad y desconfianza exterior" en la política económica española que elevaría el coste de la deuda y perjudicaría al cumplimiento del objetivo de déficit público en este año, si bien plantea que los 'populares' podrán llevar este debate a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, eso sí, detallando qué partidas habría que recortar en su lugar.
Fuentes del Ministerio de la Presidencia han señalado a Europa Press que el PP tiene la "magnifica oportunidad" de plantear esta propuesta durante la tramitación de los Presupuestos del próximo año, habida cuenta de que, al hacerlo vía enmiendas, estaría obligado a especificar de dónde sacaría los 1.530 millones que se pretenden ahorrar con esta medida, incluida en el decreto de ley de medidas de ajuste que el Congreso aprobó en mayo.
En este contexto, desde el Ejecutivo vuelven a reprochar al PP que actuara con "irresponsabilidad" al votar en contra de aquel decreto y, en cualquier caso, inciden en que ese paquete de medidas, incluida suspensión de la revalorización automática de las pensiones en 2011, que fue convalidado con los votos del Grupo Socialista y gracias a la abstención de CiU, cuenta con el aval parlamentario y sigue siendo plenamente válido.
EL GOBIERNO "NO HURTA NINGÚN DEBATE"
Además, reiteran que la congelación de las pensiones ha estado en la discusión parlamentaria desde entonces a través de distintas mociones, interpelaciones y preguntas orales realizadas por distintos partidos y, que, por tanto, el Gobierno no "hurta" ningún debate sobre esta cuestión.
En el escrito remitido al Congreso justificando su decisión de no dar luz verde a la discusión del texto del PP, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno rechaza modificar el decreto ley de medidas de ajuste porque en un "contexto de muy alta volatilidad financiera y de demanda de consolidación fiscal" resulta necesario "señalizar firme y concretamente" las medidas de recorte de gasto.
En este sentido, señala que una proposición de Ley como la planteada por el PP supone una "marcha atrás" en una medida "valorada por todas las instituciones internacionales como fundamental" para el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit. "Si se produce un retroceso como el pretendido (...), será inevitable un aumento inmediato y significativo del coste de financiación con efecto directo sobre el gasto y el déficit en el año 2010", sostiene el Ejecutivo.
LA REACCIÓN SERÍA "INMEDIATA"
El Gobierno señala que tras la aprobación por el Congreso en mayo del decreto, se produjo una disminución de la prima de riesgo y del tipo de interés que paga el Estado para financiar la deuda pública, sin esperar a que esas medidas se materializasen efectivamente, sino que el coste de la deuda que se emitió a partir de entonces en todos los plazos se redujo significativamente, afectando positivamente a las cuentas públicas.
Así, recalca que la derogación de una medida de una significativa importancia cuantitativa llevaría consigo "automáticamente" una reacción en sentido contrario, de aumento de la rentabilidad exigida, que tendría un impacto inmediato en el coste de financiación de la deuda pública.
Por todo ello, el Ejecutivo hace uso de la potestad que le brinda el artículo 134 de la Constitución para frenar la tramitación de "toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".
