El Tribunal de Cuentas recomienda fijar "de forma inequívoca" las dietas máximas y el número máximo de reuniones pagadas
MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ahorró en los dos últimos años de su mandato (2010 y 2011) más de 331,2 millones de euros gracias a la eliminación de 42 entidades del sector público empresarial, que fue acompañada además de la reducción del número de miembros de los consejos de administración y de puestos directivos en estas empresas.
Así consta en el Informe de Fiscalización de la estructura del sector público empresarial estatal en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010 sobre extinción y fusión de Sociedades estatales, relativo a los ejercicios 2010 y 2011, que ha aprobado el Tribunal de Cuentas y que recoge Europa Press.
Según se recuerda en el documento, el Consejo de Ministros aprobó en abril de 2010 un plan de racionalización del sector público empresarial que pasaba por extinguir catorce sociedades, fusionar otras 24 en nueve, cambiar de titularidad las acciones de dos más, reducir un 15% el número de consejeros en las sociedades con más de seis miembros en el consejo de administración y en un 40% los de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, y rebajar en al menos un 10% el número de directivos de las sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y Puertos del Estado.
El Tribunal de Cuentas concluye en su informe que en los dos ejercicios fiscalizados el Estado pasó de 243 entidades empresariales a 201, tras haberse producido trece altas y 55 bajas, lo que supone una reducción del 17% del sector público empresarial estatal no financiero. No obstante, sólo 28 de esas 42 entidades que desaparecieron fue a consecuencia del acuerdo del Consejo de Ministros.
AHORROS EN GASTO DE PERSONAL Y SERVICIOS
La institución que preside Ramón Álvarez de Miranda también recoge la información sobre el ahorro conseguido con esta reducción societaria, y apunta que en 2011 se ahorró con respecto a dos años antes un total de 331,29 millones de euros en gastos de personal y por servicios exteriores.
Sin embargo, sólo el 19,6% de esa cantidad se consiguió con la ejecución del acuerdo, mientras que el 49% fue consecuencia de la extinción de otras sociedades no incluidas en ese plan de racionalización y el 31,4% restante se derivó de la integración de las 18 sociedades estatales de estiba y desestiba en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y del traspaso de acciones a las comunidades autónomas.
En concreto, la plantilla de las entidades del sector público empresarial no financiero pasó de 176.233 personas en 2009 a 158.594 trabajadores dos años después, lo que permitió reducir el coste salarial de 5.826 millones de euros a 5.330 millones de euros. Aun así, la retribución media se elevó de 33.100 euros a 33.600 euros al año, "superiores al salario bruto medio en España en el año 2010".
CONSEJEROS Y DIRECTIVOS
En relación con la parte del acuerdo del Consejo de Ministros relativa a la reducción de consejeros, el Tribunal de Cuentas señala que era aplicable a 77 sociedades mercantiles, pero que sólo 25 cumplieron con su obligación en el plazo establecido mientras que cuatro lo hicieron antes de que acabara el año 2010, otras diez redujeron el número de consejeros ese año pero menos de lo exigido y otras 38 sociedades no efectuaron ninguna reducción del consejo de administración.
De este modo, el número de consejeros pasó de 959 a finales de 2009 a 879 a finales de 2010 (-8,3%) y a 842 a finales de la legislatura, con lo que la reducción total se elevó al 12,1%. A éstos hay que sumar los 175 consejeros que había en las once entidades públicas empresariales sujetas a estas obligaciones en 2009, que se quedaron en 143 a finales de 2011, con una reducción del 18% que superó el objetivo previsto "debido, principalmente, a que Adif redujo el número de sus consejeros un 40%".
En cuanto a Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, se rozó el 40% de reducción que exigía el plan del Gobierno salvo para las Autoridades de Baleares y Canarias. En términos globales, el número de consejeros pasó de 691 a finales de 2009 a 439 dos años después, con lo que la reducción alcanzó el 37%.
Una derivada de esta reducción de altos cargos que perseguía el Ejecutivo era reducir los costes por asistencia a las reuniones de los consejeros de administración, lo que se logró en 585.000 de euros ya que las medidas se aplicaron únicamente en la mitad de las sociedades obligadas. De hecho, las operaciones societarias realizadas en los dos ejercicios fiscalizados consiguieron un ahorro cuatro veces mayor, de 2,05 millones.
Por su parte, 160 entidades estaban obligadas a reducir sus cargos directivos, aunque sólo 36 lo hicieron, si bien cuatro lograron alcanzar un porcentaje inferior al 10% exigido. Así, el ahorro de costes salariales del personal de alta dirección alcanzó los 7,24 millones de euros, si bien las operaciones societarias permitieron un ahorro en este concepto de 6,65 millones.
En esta coyuntura, el Tribunal de Cuentas advierte de que "la comunicación a las entidades del contenido del acuerdo y de instrucciones escritas para su cumplimiento no se efectuó con carácter general para todas las entidades ni tampoco de manera homogénea", por lo que recomienda que las instrucciones fijen "de forma inequívoca" las cuantías máximas de las dietas para las sociedades mercantiles, los importes máximos anuales de las dietas, el número máximo de reuniones que pueden dar lugar a su devengo y la cuantía máxima de la dieta por cada reunión".
IGUALDAD DE GÉNERO
El organismo fiscalizador también hace referencia al principio de presencia "equilibrada" de mujeres y hombres en los consejos de administración de las entidades del sector público empresarial estatal, señalando que "una alta proporción" de estos organismos "no cumplían" ese principio, que sólo se verificaba en el 16% de los casos a finales de 2011.
Además, el informe señala que 23 sociedades mercantiles presentaban al final del periodo fiscalizado un nivel de actividad "significativamente reducido", por lo que para el organismo que preside Álvarez de Miranda "resulta cuestionable la conveniencia de su permanencia en el sector público empresarial estatal". Asimismo, el informe advierte de que algunas entidades "desarrollan actividades que presentan coincidencias y similitudes entre sí".
Coincidencias que "podrían constituir debilidades en la estructura del sector público empresarial estatal" por lo que sería conveniente agrupar en un número menor de entidades las actividades susceptibles de ello, "contribuyendo a incrementar la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos".
Por todo ello, recomienda al Ejecutivo "continuar adoptando medidas destinadas al saneamiento de la estructura del sector público empresarial estatal" y también mejorar la "coordinación" de las entidades instrumentales para la financiación de actividades de empresas privadas.
