MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han registrado en el Congreso sendas enmiendas de totalidad pidiendo la devolución al Gobierno del proyecto de ley de Desindexación de la Economía, alegando que esta estrategia supondrá dar "un paso más" en la devaluación salarial, afectando tanto a los salarios públicos como a los privados.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la coalición de izquierdas señala que uno de los objetivos de la norma, "por más que no sea explícito", es la "rebaja" de los sueldos de los empleados públicos y también de los trabajadores de empresas privadas que contratan con la Administración y que se verán "indirectamente afectados" por la no actualización de sus concesiones.
"La negociación colectiva de estos trabajadores y de los empleados públicos laborales quedaría, por tanto, condicionada por la nueva ley, a pesar de que la misma la excluye de forma retórica. Muy probablemente se intente exportar (esta medida) como referente para el resto de la negociación colectiva", teme la Izquierda Plural.
El impacto de la medida podría ser, por tanto, "enorme" ya que la contratación pública supone entre un 16% y un 18% del PIB, lo que "dificultará la recuperación económica" por la pérdida de capacidad de consumo doméstico. "Continuar presionando a la baja los salarios es injusto ya que la devaluación salarial aumenta la desigualdad social. Además, nos condena a mantener un modelo económico de baja calidad", añade la enmienda.
ÍNDICE DE GARANTÍA DE COMPETITIVIDAD
Por otra parte, IU-ICV-CHA cree que el nuevo Índice de Garantía de Competitividad (IGC) que se aplicará por ejemplo a los contratos de arrendamiento en lugar del IPC "no es más que un voluntarismo estético, ya que la evolución de los precios de los alquileres de viviendas y su elevado nivel no tiene como causa fundamental el método de indexación, sino la falta de competencia real y de un mercado de alquiler lo suficientemente amplio y profundo", por lo que la ciudadanía "no notará ninguna ventaja" con el cambio.
A estas críticas se suma la percepción de que los términos que utiliza el Ejecutivo en el proyecto de ley son "muy genéricos" y pueden "dar lugar a diferentes interpretaciones", como sucede por ejemplo con el concepto de 'valores monetarios públicos' que quedarán sujetos a la desindexación.
Finalmente, IU-ICV-CHA recuerda que "la lucha contra la inflación no puede enfocarse estrictamente para dotar de mayor competitividad a las empresas" sino que debe buscar la "mejora de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía", por lo que cualquier sustituto del IPC debería "aproximarse al Índice del Coste de la Vida" en lugar de estar "diseñado para beneficiar estrictamente estrategias de devaluación interna".
"Una política de lucha contra la inflación creíble tiene que auditar públicamente los costes reales de sectores como la electricidad, el gas, la gasolina, el transporte, la distribución de alimentos y del sector financiero y de seguros, así como acomodar la evolución de sus beneficios al comportamiento medio de la Eurozona, trasladando el resto del resultado a la rebaja de precios", concluye la enmienda.
DECISIÓN BASADA EN "FALACIAS"
Por su parte, el BNG cree que este proyecto pretende "avanzar un paso más" en la senda de devaluación interna que está promoviendo la troika "con la total sumisión" del Gobierno español, lo que se está traduciendo en "un fuerte recorte del poder adquisitivo" de las clases medias, ya que "las rentas del capital están quedando al margen", así como un "fuerte incremento de las desigualdades" y un modelo social "cada vez más injusto".
Y todo partiendo de la "falacia" de que "los problemas de la economía parten de una falta de competitividad derivada principalmente de salarios supuestamente elevados", a pesar de que los niveles retributivos en España son "de los más bajos de la zona euro".
"La desindexación generará fuertes distorsiones en la evolución de los valores monetarios ligados al sector público y provocará pérdidas de poder adquisitivo entre los trabajadores públicos. A pesar de que la negociación colectiva y las pensiones están excluidas, ambas se verán afectadas debido al efecto ejemplificador en las contrataciones públicas. Y es previsible que la patronal intente desligar la evolución de los salarios del IPC (en el sector privado), lo que se traducirá en contenciones y rebajas salariales", añaden los nacionalistas gallegos.
Ambas enmiendas serán debatidas en el Pleno del Congreso del próximo jueves. No obstante, la mayoría absoluta de la que goza el PP garantiza su rechazo, con lo que a los grupos sólo les quedará presentar enmiendas parciales para retocar el texto. Para ello, cuentan de plazo hasta el día 25 de marzo.
