MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado ha dado un paso más este miércoles hacia su aprobación definitiva tras superar el trámite del debate en la Comisión de Economía del Congreso, donde ha incorporado una decena de cambios que ahora deberán ser debatidos en el Pleno de la Cámara antes de pasar al Senado.
El dictamen del proyecto de ley ha contado únicamente con el apoyo del PP y la abstención de UPyD, mientras que el resto de la oposición ha mantenido su rechazo a un texto que, a su parecer, recentraliza competencias, pretende uniformar al país saltándose las competencias autonómicas, y además provocará un 'dumping regulatorio' con la licencia de eficacia nacional.
Así, el socialista Manuel González Ramos ha reconocido la necesidad de tener una regulación eficiente y sin duplicidades ni trabas burocráticas, pero que no conlleve una "desregulación" que es "tan mala" como un exceso normativo. "No engañen a los ciudadanos, nos venden soluciones fáciles a problemas complejos, y acabarán creando problemas a todos", ha dicho, avanzando su "rechazo absoluto" al proyecto.
Además, ha acusado al Gobierno y al PP de "irresponsabilidad" por plantear un texto que "crispará las buenas relaciones" entre las administraciones territoriales con una norma "uniformizadora a la baja y recentralizadora". "Tienen el don de la oportunidad. En un momento de profunda conflictividad territorial es de una inoportunidad increíble", ha añadido.
Por último, ha criticado que esta ley dará lugar a "situaciones de desigualdad" entre operadores económicos y ha lamentado que se rompa el equilibrio entre los principios de necesidad y proporcionalidad que se había logrado al trasponer la directiva europea. "Nosotros estamos a favor de una regulación en defensa del interés general y que dé garantías a los ciudadanos, a los trabajadores, a los consumidores y a los empresarios".
"PRETENDER QUE EL AGUA SEA SECA"
"Me siento como un ateo intentando enmendar una encíclica sobre la santísima trinidad", ha comenzado el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela, para quien con esta ley "se está impugnando la propia realidad constitucional" porque se pretende que "continúe existiendo autonomía política sin que exista diversidad legislativa". "Es como pretender que el agua sea seca", ha añadido, criticando también que se haya obviado el "principio sagrado en Europa" de la prevención en temas como medio ambiente o salud pública.
Además, cree que esta ley "condena al país a la uniformización en la desregulación", y ha ironizado con que los "liberales españoles son ultraintervencionistas de casta" porque su objetivo "no es que las comunidades autónomas compitan entre sí sino que lo hagan sólo las empresas". Y eso pese a que los problemas de eficiencia económica derivados del exceso normativo se deben al "furor legislativo" del Gobierno central y no a las regiones.
PARAÍSOS ADMINISTRATIVOS
El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, cree que el proyecto es un "grave error" porque está "pensada única y exclusivamente para los grandes operadores y en detrimento de los consumidores", ya que "se fomentará la desregulación sin criterio", lo que convertirá a algunas regiones en "paraísos administrativos y parásitos económicos".
"Identifican la unidad de mercado con la uniformidad legislativa. Parece que les gusta más la uniformidad que la libertad, y que pretenden pasar de un mercado convenientemente regulado a un mercadillo", ha añadido, criticando que el Gobierno ha puesto "la regulación en almoneda, en una temeraria subasta a la baja," y advirtiendo de que esta norma discrimina a los operadores extranjeros y "desvirtúa" la directiva de servicios sobre los criterios para establecer niveles de intervención administrativa previos al acceso a la actividad, lo que generará ineficiencias económicas.
Emilio Olabarria, del PNV, se opone "frontalmente" a una norma "que carece de necesidad, que es centralizadora, que busca desregular, que provoca desarmonías entre legislaciones autonómicas y estatales" y que podría incluso distorsionar el mercado europeo, al magnificar una regulación que ya se había recogido en la legislación española con la trasposición de la directiva de servicios en 2009.
Además, cree que dar una prevalencia a la normativa de la región de origen del operador puede dar lugar a desigualdades dentro de un mismo territorio, lo que generará una "disfunción" en la propia unidad de mercado nacional que podría ser incluso inconstitucional. Y con respecto al principio de eficacia, cree que "atenta contra la autonomía de las comunidades y contra la lógica" de la protección de bienes de interés general como el medio ambiente o la salud laboral.
EL MERCADO ES EUROPEO
Por CC-NC, Ana Oramas cree que el Gobierno quiere "imponer un espacio económico inexistente" con la aplicación del principio de eficacia nacional, que "supone una intromisión ilegítima en la autonomía de las comunidades" y que vulnera la jurisprudencia que prevé que las normas regionales se aplican sólo en el territorio de origen. Además, cree que este "disparate" conllevará un "caos imprevisible" en el que operadores que actúan en el mismo territorio estarán sometidos a normas y regímenes sancionadores diferentes, y critica la falta de sensibilidad con las particularidades de Canarias.
Rafael Larreina (Amaiur) cree que este proyecto "es innecesario" y "no tiene sentido" porque el mercado es europeo y cualquier otra perspectiva conlleva "una restricción de la soberanía" de las entidades que están por debajo de los estados. Además, cree que es una norma "recentralizadora", que generará "indefensión a los consumidores y a las pymes" en favor de las grandes empresas y que afectará al desarrollo de las lenguas propias.
"SE PODÍA HABER IDO MÁS ALLÁ"
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, coincide en que hay un problema con la fragmentación del mercado, que es negativa para las empresas y para el propio país, pero lamenta que no se haya afrontado el problema "de la manera correcta" porque en muchos temas "se podía haber ido más allá" e incluso haber planteado una normativa básica para cada sector.
Así, su principal objeción es que la aplicación de una única autorización "tendrá consecuencias indeseadas importantes" porque creará un "sistema de incentivos perversos a través de la desregulación a la baja". "Podemos compartir que hay un exceso de regulación superflua, pero algunas regulaciones son mínimos imprescindibles en cuestiones esenciales", ha añadido, matizando no obstante que, aunque éste no es el modelo de UPyD, "la situación actual es tan mala que no hacer nada sería peor".
"NO SÉ CUÁL ES EL PROBLEMA"
La diputada del PP Belén Juste ha dicho no saber "cuál es el problema" con una norma que "elimina las barreras al emprendimiento y a la actividad económica" y que es similar a la directiva de servicios que apoyaron muchos grupos que ahora se oponen a esta ley.
Además, ha negado que sea recentralizadora, porque se da "un absoluto realce a la capacidad normativa de las comunidades", o desreguladora, ya que se limita a "establecer un marco general de las autorizaciones". "No esperaría una competencia a la baja de las comunidades autónomas, sino una eliminación del marco regulatorio de todo lo que es innecesario o superfluo", ha dicho, afirmando que se trata de una reforma "vital, aperturista y modernizadora, fundamental para la recuperación económica".
Su compañero Juan Antonio Abad ha insistido en que "no hay problemas de inconstitucionalidad" relacionados con invasiones competenciales y ha defendido que se trata de una norma que contribuirá a eliminar trabas burocráticas.
