BRUSELAS, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La comisaria de Presupuestos, Dalia Grybauskaité, dijo hoy que no está "muy satisfecha" con el acuerdo definitivo alcanzado por la Eurocámara y los Veinticinco sobre el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2007-2013 porque el resultado es "minimalista", y abogó por cambiar el método de negociación para lograr unas perspectivas financieras que estén a la altura de las ambiciones de la Unión.
"Personalmente como comisaria no estoy muy satisfecha. Es un presupuesto minimalista, es el mínimo necesario para poder avanzar, no es el óptimo", dijo Grybauskaité en rueda de prensa. Precisó que se trata del "mejor de los resultados posibles que estaban dispuestas a apoyar todas las partes".
"Este tipo de negociaciones y este tipo de estructura presupuestaria están bastante alejadas de nuestras ambiciones, de lo que nos habíamos propuesto como reto, y por eso hay que cambiar la manera en la que se negocia el presupuesto", añadió la comisaria, que se declaró "esperanzada" por el acuerdo de los líderes europeos para revisar la estructura del presupuesto de la UE en 2007-2008.
Preguntada por la posibilidad de crear un impuesto europeo, Grybauskaité dijo que prefiere "evitar nombres concretos" pero abogó por un debate en profundidad que no se centre sólo en la existencia de instrumentos presupuestarios, sino sobre todo en la manera de alcanzar los objetivos políticos de la Unión.
Pese a sus críticas, la comisaria indicó que el acuerdo presupuestario permite superar "el riesgo de parálisis política y financiera" y lanzar los nuevos programas en 2007. Asimismo, se "fortalece la idea de la ampliación" al garantizarse el dinero para sufragarla, y se da el primer paso para modernizar la estructura del presupuesto.
Grybauskaité repasó de nuevo el contenido del acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, que incrementa en 4.000 millones de euros de "dinero fresco" la cifra pactada por los líderes de los Veinticinco en diciembre de 2005. De esta cantidad, 2.000 millones se añaden al presupuesto, mientras que los 2.000 restantes se sitúan fuera del techo presupuestario (los 1.500 millones de la reserva de ayuda de emergencia y 500 millones de recorte de gasto administrativo al no tenerse en cuenta las pensiones de los funcionarios).
Con estos ajustes contables, el techo presupuestario se incrementa de 862.400 millones a 864.400 millones de euros. El gasto para políticas de competitividad sube 2.100 millones (800 para formación a lo largo de la vida, 500 para redes transeuropeas, 400 para competitividad e innovación, 300 para I+D, y 100 para la agenda social). También aumenta en 800 millones el presupuesto con el que contará el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, y en 200 millones la política de vecindad.
Un total de 500 millones irán a los programas de ciudadanía y justicia e interior, aunque todavía no se ha decidido el reparto entre programas. Finalmente, se destinarán 300 millones más para las iniciativas de colaboración entre regiones transfronterizas INTERREG y 100 millones de euros adicionales para la red de espacios protegidos Natura 2.000 y para el programa de medio ambiente LIFE+.
El acuerdo definitivo mantiene a la política agrícola común (PAC) como principal partida del presupuesto de la UE (371.300 millones de euros, 42,9% del total), seguida de la política regional (307.900 millones, 35,6%). A continuación están las iniciativas de fomento de la competitividad (74.200 millones, 8,6%), la política exterior (51.000 millones, 5,9%), los gastos administrativos (50.300 millones, 5,8%), justicia e interior (6.600 millones, 0,7%), ciudadanía (4.100 millones, 0,4%) y 800 millones de euros de compensaciones a los nuevos Estados miembros (0,09%).
Finalmente, se incrementa en 2.500 millones de euros el dinero que movilizará el Banco Europeo de Inversiones para hacer un efecto palanca en las inversiones en I+D. Además, se ha previsto que la Eurocámara participe en la revisión de la estructura del presupuesto, aunque la última palabra seguirá siendo de los líderes europeos. Finalmente, los Estados miembros tendrá que certificar la gestión adecuada de los fondos europeos sobre su territorio.
