MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los representantes de las comunidades autónomas del PP que participaron hoy en el debate del nuevo modelo de financiación autonómica en el Senado reclamaron que se modifique el sistema porque lo consideran "injusto e insolidario", mientras que las del PSOE defendieron su idoneidad y aseguraron que garantiza la solidaridad entre todos los territorios.
La Comisión General de Comunidades Autónomas acogió esta mañana el debate de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), un foro en el que las comunidades del PP aprovecharon para rechazar el modelo que fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con su abstención.
La encargada de abrir la sesión fue la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, quien sin embargo no se quedó a escuchar las intervenciones de los consejeros, algo que provocó las críticas de los representantes de las comunidades 'populares'. El presidente de la Comisión, el socialista Joan Lerma, excusó su ausencia justificando que tenía "compromiso como diputada" de estar presente en el Congreso.
Uno de los más críticos fue el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, quien denunció el "oscurantismo" que a su juicio presidió la fase de negociación y criticó que se ha cerrado un sistema "confuso y complejo" que permite que se pueda aplicar de manera "caprichosa y sorpresiva".
Beteta apuntó a Madrid como una de las "grandes perjudicadas" por el sistema y denunció que las comunidades autónomas todavía no conocen cómo se repartirán los fondos adicionales ofrecidos por el Gobierno. "Es un modelo que no es justo ni equitativo ni para las comunidades autonómicas, ni para los españoles ni para España", defendió.
"OSCURANTISMO" EN LA NEGOCIACIÓN.
Una de las principales críticas de las comunidades gobernadas por los 'populares' fue el proceso de negociación con el Gobierno. De hecho, Beteta advirtió de que "ni siquiera existió negociación real", una tesis que fue apoyada por la consejera de Hacienda de Galicia, Marta Fernández, quien rechazó la "bilateralidad" con la que a su juicio se llevaron a cabo de las negociaciones.
La consejera gallega insistió también en que el resultado no es "equitativo" para todas las comunidades y recordó que el modelo de financiación determina los recursos con los que contará cada territorio para prestar servicios como la educación, la sanidad o los servicios sociales, por lo que abogó por mejorar el texto durante su tramitación parlamentaria.
Según denunció la representante de la Xunta de Galicia, el proceso de negociación de un nuevo modelo "no ha estado a la altura de su trascendencia" y ahora abre la puerta a un sistema "menos igualitario" que el anterior. Precisamente por eso, las comunidades del PP explicaron que hubiera bastado con actualizar el modelo del año 2001 poniendo al día la variable de la población.
"Es verdad que el modelo anterior no era perfecto, pero hubiera bastado con incorporar la actualización de la población y la prestación de otros servicios no recogidos en él, como la Dependencia", argumentó el consejero de Hacienda de La Rioja, Juan José Muñoz, algo en lo que coincidió la consejera de Economía y Hacienda de Murcia, Inmaculada García.
Por todo ello, la representante murciana manifestó su deseo de que los trámites parlamentarios puedan corregir los "errores, asimetrías, insolidaridades e injusticias" de los que a su juicio adolece el modelo salido del CPFF y recordó que "esa es la obligación del Gobierno" y "así lo recoge la Constitución".
La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, reconoció que las comunidades gobernadas por el PP no votaron en contra del modelo en el CPFF y optaron por la abstención, pero explicó que rechazar el sistema supondría a sus territorios no tener acceso a los recursos adicionales del Gobierno y tampoco les daría la oportunidad de retrasar el pago de los anticipos a cuenta.
EL ANTERIOR SISTEMA, "CADUCO".
Todos estos argumentos fueron rechazados por los representantes de las comunidades gobernadas por los socialistas, que defendieron la necesidad de actualizar el anterior modelo, que calificaron de "caduco", y subrayaron la idoneidad del acuerdo alcanzado.
El consejero de Economía y Finanzas de Cataluña, Antoni Castells, alabó el acuerdo alcanzado y garantizó que "es bueno para Cataluña y bueno para España". "El cambio era necesario, el sistema de 2001 estaba agotado y sus deficiencias aparecían por todas partes, ya había hecho su ciclo", argumentó.
Castells defendió que el sistema que ha llegado al Senado no supone "un privilegio para nadie" y apuntó que durante la negociación se articularon relaciones bilaterales y multilaterales, "como dicta la Constitución". Además, enfatizó que el modelo logra alcanzar el "equilibrio" entre la igualdad y la autonomía de los territorios.
También recalcó su apoyo al texto la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, quien celebró además que el nuevo sistema respeta "escrupulosamente" los principios recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y garantiza la financiación del Estado de Bienestar "con una vocación de permanecer en el tiempo".
"CORREGIR LOS DEFECTOS DEL PASADO".
Por su parte, los representantes de Asturias y Cantabria, Jaime Rabanal y Ángel Agudo, respectivamente, reconocieron que el nuevo sistema "corrige los defectos del pasado" y recordaron que incrementa los recursos con los que contarán todas las comunidades, de manera que aumenta su autonomía y suficiencia financiera. En este punto coincidió la vicepresidenta del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Luisa Araujo, quien defendió "con rotundidad" que se trata de un buen modelo y aseguró que aporta "más igualdad" y otorga a las comunidades "más suficiencia de recursos".
Por último, el conseller de Economía y Hacienda de Baleares, Carles Manera, celebró el resultado "netamente positivo" que el nuevo modelo dejará en las islas pero advirtió de que los "desequilibrios" del antiguo sistema "no se corrigen en uno o dos años", ya que a su juicio el desarrollo del modelo depende de que haya crecimiento económico.
