El PSOE busca rebajar al máximo con sus enmiendas el texto de CiU para que no condicione el contenido de la Ley de Economía Sostenible
MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU ha pedido amparo a la Mesa de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso ante lo que considera una maniobra del PSOE para "decapitar" su propuesta para reformar la ley contra la morosidad en operaciones comerciales, que el Pleno de la Cámara acordó por unanimidad tramitar el pasado mes de junio, según informaron a Europa Press en fuentes de la federación catalana.
El portavoz parlamentario de CiU en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida, ha remitido un escrito a la Mesa de dicha comisión, en la que denuncia que las enmiendas parciales que los socialistas han presentado ahora a la proposición de ley "suprimen la totalidad del articulado de la misma", reduciéndola a dos mandatos dirigidos al Gobierno "sin contenido legislativo".
En concreto, las enmiendas socialistas piden la eliminación de todos los artículos del texto salvo dos, que proponen modificar para que se limiten a instar al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses sendas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la propia Ley contra la Morosidad. Los nacionalistas se quejan de que el PSOE pretende convertir su reforma legislativa en una mera proposición no de ley.
De esta forma, se dejaría manos libres al Ejecutivo para diseñar su propia estrategia de lucha contra la morosidad sin que ésta se vea condicionada por un texto legislativo propuesto por un grupo parlamentario que va en la misma línea, como ya ocurrió con la Ley de Fomento del Alquiler que regula el 'desahucio exprés' y que el Gobierno se vio obligado a pactar con CiU a través de un texto en el que se refundieron el documento de los nacionalistas y el proyecto de ley del Gobierno.
MOROSIDAD Y ECONOMÍA SOSTENIBLE,
Y es que la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ya avanzó esta semana que la Ley de Economía Sostenible, cuyo anteproyecto aprobará mañana el Consejo de Ministros, incluirá "importantes medidas" contra la morosidad, tanto en el sector público como en el privado. En cualquier caso, la ministra de Economía y Hacienda aún no se ha dirigido a los nacionalistas catalanes para abordar la futura norma.
La proposición de ley de CiU ya plantea un plazo máximo en los cobros de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas, que el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, calificó en su momento como una "vacuna esencial" para acabar con "el enemigo número uno de las pymes".
De esta forma, el texto de CiU elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación, no pudiendo superarse los dos meses en el caso de las operaciones entre empresas. En lo referente a las administraciones públicas, este límite se reducirá a la mitad, si bien con un periodo "transitorio" de adaptación de 45 días durante 2010.
Según Sánchez Llibre, la aplicación de esta ley garantizaría un ahorro de 10.500 millones en concepto de intereses de demora. Esta una es una de la principales reclamaciones que ha transmitido a CiU las patronales empresariales, de pymes y las asociaciones de autónomos como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
DUPLICAR INTERESES DE DEMORA.
Además, la iniciativa modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objeto de incrementar de 30.000 a 50.000 euros la cuantía máxima que permite reclamar judicialmente una deuda por el procedimiento monitorio, y articula un nuevo procedimiento judicial que permite a las empresas "reclamar de forma ágil" a las administraciones públicas el pago de sus obligaciones. Asimismo, incluye bajo esta denominación también a los entes públicos "como Renfe o Adif", a los organismos autonómicos y a las empresas públicas.
También endurecer las sanciones para los deudores que no cumplan los plazos, duplicando el interés mínimo de demora de forma que alcanzaría el 7%, según la tasa incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, y clarifica el concepto de costes de cobro exigible, incluyendo los gastos judiciales y bancarios.
