La formación magenta propone que el Estado fije un límite máximo de gasto pero también un nivel mínimo para los servicios esenciales
MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) defenderá este martes en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno a que establezca un mecanismo de control de los presupuestos autonómicos que consiga garantizar una prestación de servicios homogénea en todas las regiones y que incluya sanciones a quienes incumplan los objetivos de déficit fijados.
En su iniciativa, que recoge Europa Press, la formación magenta argumenta que "uno de los más graves defectos" de la organización territorial de España es la "ausencia de un efectivo mecanismo de coordinación" interadministrativo en el ámbito presupuestario, alegando que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que tiene esta función, se limita únicamente a "formalizar acuerdos previamente alcanzados" en reuniones bilaterales y sin ninguna coordinación a nivel estatal.
A su juicio, esta falta de coordinación "pone en riesgo la estabilidad presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas" y afecta a la "credibilidad" de España. Además, los intentos autonómicos de reducir el déficit conllevan recortes asimétricos en los servicios esenciales, con lo que no se garantiza que los ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios, según consagra la Constitución.
Por eso, la formación magenta propone un mecanismo de control que asegure que las comunidades autónomas y el Estado trabajen coordinadamente en la consecución de los objetivos presupuestarios sin que los recortes que pudieran derivarse de los ajustes afecten a la calidad de los servicios que reciben en los ciudadanos en función de la región donde viven.
Esta iniciativa se debatirá, precisamente, el mismo día que el Pleno del Congreso aprobará el techo de gasto y los objetivos de déficit para 2012, que limita al 1,5 por ciento el desfase presupuestario permitido a las comunidades autónomas. Aunque todas las comunidades (excepto Andalucía, que votó en contra, y Cataluña y Canarias, que se abstuvieron) apoyaron esta cifra en el último CPFF, la posibilidad de incluir controles previos a los gobiernos regionales ha encontrado la oposición en algunas comunidades, que apelan a la autonomía financiera que refleja la Constitución para rechazar esta medida.
Desde la formación magente, sin embargo, se niega cualquier posible inconstitucionalidad recordando que si la Comisión Europea puede controlar los presupuestos de los estados miembro, que un Gobierno vigile las cuentas de sus territorios soberanos no ir en contra de la Carga Magna.
SEMESTRE ESPAÑOL
Así, UPyD propone poner en marcha un 'semestre español', a imagen y semejanza del 'semestre europeo' que se ha abierto en la UE para coordinar las políticas económicas de los estados miembro y garantizar la estabilidad fiscal y financiera de la Unión.
El primer paso para ello debería consistir en el establecimiento por parte del Ministerio de Economía de unos "principios y aspectos esenciales que han de inspirar la elaboración de cada uno de los presupuestos autonómicos", acordando un límite máximo de gasto y un objetivo de déficit individual para cada región pero que, a la vez, sean coherentes y compatibles entre sí.
Asimismo, se debería acordar un "nivel de gasto mínimo" para las partidas de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o lo servicios sociales a partir de un "catálogo común" que garantice derechos similares a todos los ciudadanos independientemente de la región donde vivan.
Una vez estas condiciones han sido acordadas (o, en su defecto, fijadas por el Ministerio), los gobiernos regionales deberán diseñar sus proyectos de presupuesto que, antes de ser aprobados por los parlamentos autonómicos, tendrán que pasar por el Ministerio de Economía, que informará sobre su conformidad o sobre las recomendaciones de modificación pertinentes, teniendo en cuenta el marco global de todo el Estado y las particularidades de cada región.
ESTABLECER SANCIONES
En el caso de que alguna comunidad rechazara incluir dichas recomendaciones y aprobara su presupuesto sin modificaciones, el Gobierno central "podrá establecer medidas coercitivas para lograr" los cambios, algo que actualmente no sucede. Estas medidas podrían pasar por denegar operaciones de endeudamiento, retrasar anticipos o transferencias o repercutir proporcionalmente las posibles sanciones europeas por incumplimientos de España a las comunidades responsables.
Tras aprobarse los presupuestos autonómicos, el mecanismo de control deberá continuar revisando trimestralmente la ejecución presupuestaria de cada comunidad, incluyendo la presentación de recomendaciones por parte del Ministerio si se alejaran de los objetivos marcados. En caso de incumplimiento de estas medidas de "reequilibrio", el Ejecutivo central también podría acudir a los métodos coercitivos mencionados antes.
Al acabar cada ejercicio presupuestario, se volvería a repetir el procedimiento de control sobre los presupuestos ejecutados y liquidados.
