"La ventaja para el empresario es que con 20 días de indemnización va a crear más empleo que con 45", asegura su presidente
MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández, anunció hoy que la patronal propondrá a los sindicatos la creación de un contrato 'anticrisis' que contempla una indemnización por despido improcedente de 20 días por año trabajado, en lugar de los 45 días actuales.
Esta iniciativa, que se enmarca en una serie de medidas para afrontar la crisis económica que afecta al país, se suma a otras como aplazar nueve meses el pago del IVA y tres meses el pago de la Seguridad Social hasta que se normalice la situación, lo que supondría un incremento inmediato de liquidez cercano al 10%.
Además, CEIM solicitó una reducción hasta el 25% del tipo del Impuesto de Sociedades (ahora está en el 30%), rebajarlo a la mitad para las pymes (ahora el tipo está en el 25%) y recortar cinco puntos las cotizaciones a la Seguridad Social para los empresarios. De este modo, para las pymes los primeros 120.000 euros de beneficios tributarían al 12,5%, tal y como se aprobó en Portugal el pasado 1 de enero.
El presidente de la patronal recordó que el dinero que el Gobierno central puso a disposición de los bancos "no está llegando a las pymes", algo que supone "el cierre de muchas empresas". Por ello, avanzó que pedirá al Ejecutivo que les deje "participar en el observatorio para controlar que ese dinero llegue a las empresas".
Además, Fernández explicó que esta batería de medidas serán trasladadas a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para que, a su vez, las haga llegar a los sindicatos nacionales y al Ejecutivo central en un momento de crisis que calificó de "excepcional" y "galopante".
"Tenemos que hacer algo para cortar esta sangría en la que se augura que de seguir así, a finales de año habrá cuatro millones de parados, algo insostenible", opinó Fernández.
La patronal diferencia las medidas entre estructurales y coyunturales. En cuanto al contrato de crisis, el presidente de CEIM dijo que se trata, en principio, de una medida "coyuntural" que "es parte de una reforma laboral", aunque al mismo tiempo matizó que "no tiene por qué ser coyuntural, ya que igual tiene mucho éxito, con lo que puede ser coyuntural o definitivo", dijo.
En este sentido, explicó que con este nuevo modelo de contrato ambas partes, empresarios y trabajadores, saldrían beneficiados, ya que "la ventaja para el empresario es que con 20 días de indemnización por despido va a crear más empleo que con 45".
"Los empresarios pueden pagar 20 días, pero no 45. Podemos hacer contratos fijos con 20 días de indemnización", agregó, al tiempo que insistió en que este tipo de relación laboral está destinada a contratos nuevos para desempleados. "Si a un trabajador le ofrecen 20 días en vez de 45 con un contrato fijo, son ventajas para todos", continuó.
Además, insistió en el hecho de que España "tiene que ser un país competitivo", y puso como ejemplo a Eslovaquia donde, según Fernández "tienen flexibilidad laboral". "Pretendemos cambiar las cosas para que sean positivas para ambas partes", sentenció.
En referencia a la opinión de la CEOE respecto a esta medida, así como la opinión de los sindicatos UGT y CC.OO., Fernández dijo que ambos tienen la medida encima de la mesa y que "lo están valorando", por lo que "pueden estar por la labor, porque lo que no quieren es destruir empleo". "Las relaciones entre los sindicatos y esta casa son magníficas, y estamos constantemente en contacto con ellos", continuó el jefe de los empresarios.
Se trata, en palabras del vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, de "crear un contrato que tenga principio y fin", en vez de estar renovándolos cada 3 ó 6 meses, algo que según la patronal "no aporta ningún tipo de estabilidad al trabajador".
Volviendo a la situación de falta de liquidez de las empresas ante la negativa de los bancos a conceder créditos, y de los ERE que están realizando muchas entidades ante su situación económica, Fernández aclaró que quien sostenga que los empresarios quieren destruir empleo dicen "falacias". "La empresa que tiene que hacer un ERE es porque no tiene más remedio, porque no tiene producción y tiene que hacerlo antes de cerrar", defendió, al tiempo que recordó que los empresarios son "creadores de empleo, y así lo han demostrado en la última década, consiguiendo que haya más de 20 millones de trabajadores".
CRÉDITOS EN CONDICIONES VIABLES.
Por ello, insistió en que la banca conceda créditos a los empresarios con condiciones viables. "A un empresario no le pueden decir que deposite el 50 por ciento de garantías cuando solicita un crédito, porque eso no es viable".
En este sentido, desconfió que la banca conceda créditos como dice que está haciendo, algo que justifica su comparecencia en el observatorio que controla qué se está haciendo con los 20.000 millones de euros que el Ejecutivo central dio a los bancos para que inyectasen liquidez a las pymes y a las familias, un dinero que según CEIM no está llegando a su destino.
Por otro lado, se refirió al impago que muchas administraciones públicas profieren a los empresarios, algo que hace que la patronal "se encuentre ahogada". Una solución es que el Instituto Oficial de Crédito (ICO) avale a las empresas, propuso la patronal.
Preguntado por si las luchas internas en Caja Madrid afectan a la concesión de créditos o a las relaciones entre la patronal y al entidad bancaria, Fernández aseguró que sus vínculos con la Caja son "estrechos" y que "no influye en absoluto la sucesión de Blesa" en las cuestiones de financiación. "Creo que no nos afecta ni afecta a la transmisión de liquidez a los empresarios ni a las familias", concluyó.
EL 15% DE LAS PYMES, EN RIESGO.
Por otro lado, destacó que no hay ninguna ruptura entre patronal, sindicatos y Comunidad en el tema del diálogo social, e insistió en que hoy por hoy el diálogo social "es más importante que cualquier otra medida". Por ello, confió en que UGT y CC.OO. valoren el contrato de crisis que los empresarios proponen y que se discuta en las mesas de economía y empleo del próximo día 12.
Por su parte, y para ayudar a que las empresas no se hundan, la patronal pidió a la Comunidad de Madrid que los pagarés de las obras que se acometan en las administraciones públicas de la región se pueden cobrar a los 120 ó 180 días, ya que, a falta de de que el Consejo Superior de Cámaras haga un estudio en profundidad, el 15% de las pymes españolas pueden estar en riesgo de cerrar, dijo Fernández.
Por otra parte, los empresarios reflexionaron a cerca de una posible reforma en el sector público ya que consideraron "injusto" que el 50% de la economía de España la soporte el sector privado, tendiendo en cuenta que la otra mitad está en el sector público.
"Hay 3,3 millones de parados. Si a eso le añadimos tres millones de funcionarios, la cota se sitúa en torno al 35-40% de nuestra población activa no productiva". "No quiero decir que sobren funcionarios, sino que no aportan un Producto Interior Bruto", indicaron los empresarios.
Por ello, estimaron necesario que se aprueben con carácter general en todas las administraciones públicas reducciones de gasto corriente innecesario sobre los presupuesto de este ejercicio, y que en muchos casos, deberían ser equivalentes al porcentaje de déficit previsto en cada administración.
Asimismo, se debería revisar con carácter urgente la política retributiva del sector público, adecuándola a las circunstancias en las que se desenvuelve actualmente el sector privado. Por último, abogaron porque se externalicen todos aquellos servicios públicos en los que la iniciativa privada sea más eficiente.
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