Oposición mantiene su rechazo a la Ley de Deuda Comercial y duda de que vaya a permitir reducir la morosidad

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oposición en el Congreso ha mantenido este jueves su rechazo al proyecto de ley de Control de la Deuda Comercial, argumentando que no permitirá reducir la morosidad mientras no se dé apoyo a la liquidez y los ingresos de las administraciones territoriales, y únicamente UPyD ha apoyado el texto que han propuesto los 'populares'.

Así se han manifestado durante el debate de esta norma que, antes de ser enviada al Senado, ha debido someterse a un nuevo debate en el Pleno de la Cámara Baja por tratarse de una ley orgánica, que la semana pasada recibió el visto bueno de la Comisión de Hacienda tras incluir varias enmiendas parciales.

El objetivo de este proyecto de ley es erradicar la morosidad de las administraciones públicas, previendo para ello medidas coercitivas y punitivas para las que no paguen sus facturas en el plazo máximo de 30 días que prevé la normativa comunitaria. Así, todas las administraciones deberán publicar su periodo medio de pago, en cuya definición participarán las comunidades a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Además, se crea un mecanismo coercitivo automático ante los incumplimientos de estos compromisos a través de la imposibilidad de emitir deuda o usar créditos presupuestarios, cambios en el plan de Tesorería o incluso el pago directo de la factura por el Estado, que luego detraerá la cantidad de las transferencias previstas en el sistema de financiación.

GARANTIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, comparte que hay que pagar las deudas a los proveedores para evitar que la morosidad se extienda por toda la cadena de producción, pero ha dudado de que las administraciones territoriales vayan a poder cumplir con esta norma y ha cuestionado que el Gobierno central no esté sujeto a las mismas obligaciones.

Además, ha criticado que se "recorta, no se reforma", el Estado del Bienestar, "deprimiendo" así la economía en un círculo vicioso de austeridad a ultranza, por lo que al final se acaba ocasionando un perjuicio para los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos.

Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto ha reprochado que el PP haya convertido esta norma en una "ley escoba" con sus enmiendas, relativas a temas muy variados. Además, cree que el texto es "perverso" porque "sirve para privatizar servicios" y obliga a las administraciones territoriales a "contentar" a los bancos pagando las deudas en lugar de usar los recursos para crear empleo y mantener los servicios públicos.

NO AYUDARÁ A PAGAR EN TIEMPO Y FORMA

En el mismo sentido, Toni Picó (CiU) comparte la urgencia de atajar el problema de la morosidad, que causa efectos muy graves en la economía, pero ha instado al Gobierno a "pensar por qué tardan en pagar las administraciones". "Es porque están sometidas a una estricta intervención financiera del Gobierno central en la fijación de unos objetivos de déficit que no son proporcionales a sus obligaciones (de prestación de servicios públicos)", ha añadido.

Así, ha dudado de que los instrumentos coercitivos incluidos en la ley vayan a permitir mejorar el pago "en tiempo y forma" de las facturas, ya que los problemas se derivan de los ingresos y de las limitaciones de liquidez. "La deuda comercial debe afrontarse con medidas razonables y positivas de apoyo a las administraciones territoriales, no mediante automatismos en algunos casos de imposible cumplimiento", ha zanjado.

Por ERC, Alfred Bosch insiste en que esta norma vuelva a invadir competencias y recentralizar, sin que este "aumento del control" a las comunidades vaya a conllevar ninguna mejora en el pago a los proveedores, porque "el problema está en el origen", en los ingresos de las administraciones. "Esta ley debería centrarse en controlar la morosidad de quien tiene los recursos y no paga, que es el Estado", ha añadido.

Carlos Salvador (UPN) ha destacado que es una ley "importante" pero ha insistido en la necesidad de "flexibilizar" el destino del superávit de los ayuntamientos para fomentar el empleo. Los 'populares' estudiarán esta y otras propuestas para su posible inclusión en el Senado, pero el diputado ha advertido de que con la redacción actual del proyecto no puede apoyarlo.

NECESARIO ACABAR CON LA MOROSIDAD

La portavoz 'popular' de Hacienda, Ana Madrazo, ve "curioso" que todos los grupos resalten la necesidad de pagar a tiempo las facturas pero sólo UPyD apoye una norma que supone "un cambio radical de las administraciones públicas, para hacerlas menos costosas y ponerlas al servicio de los ciudadanos".

"Los ciudadanos no entienden de competencias (de unos y otros), sino de buena gestión y de buenos servicios públicos", que se garantizan con la estabilidad presupuestaria, según ha recordado. Además, ha esperado "poder encontrar en el Senado algún punto de encuentro para modificar la redacción actual" del artículo que hace referencia al destino del superávit municipal para fines distintos de la amortización de deuda o de inversión.

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha señalado que esta ley "mejora la situación existente y va en la dirección adecuada", pero ha lamentado "el tiempo perdido" para ponerla en marcha y ha dudado de la "voluntad política de usar los instrumentos" que se recogen para controlar la morosidad.

"Esos instrumentos nos parecen adecuados para tener una descentralización bien diseñada en la que las administraciones públicas funcionen como piezas de un todo y no como mecanismos independientes", ha señalado, defendiendo no obstante que aún podría tener ciertos cambios para que fuera "realmente efectiva".