MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha acusado este lunes al Gobierno de ocultar en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 un recorte de las pensiones no contributivas del 11,7% que no ha dado a conocer a los ciudadanos, mientras que el Ministerio de Empleo lo niega y asegura que la menor consignación de transferencias del Estado a la Seguridad Social se debe a que ya se han satisfecho las deudas que había pendientes de años anteriores.
En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha señalado que las transferencias corrientes a la Seguridad Social consignadas para las pensiones no contributivas se elevará el año próximo a 2.320,94 millones de euros, lo que supone un 11,7% menos que la cantidad prevista en este ejercicio.
Y ello a pesar de que "el número de beneficiarios se mantiene", por lo que "no hay una correspondencia" entre ambas cifras. "¿Cuál es la causa? ¿Es que piensan, además de no actualizar las pensiones (contributivas), bajar las pensiones no contributivas?", se ha preguntado la diputada.
El exministro de Trabajo socialista Valeriano Gómez, por su parte, ha puesto cifras a esta posibilidad, señalando que en los últimos ejercicios no ha habido grandes variaciones en el número de jubilados con pensiones no contributivas, que suman unas 300.000 personas, por lo que hasta 30.000 de ellos podrían verse afectados por una reducción de la cuantía o "podrían dejar de percibirla".
SEPARACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Empleo han negado categóricamente en declaraciones a Europa Press que esté prevista ninguna bajada en las cuantías de las pensiones no contributivas ni tampoco modificar o endurecer los requisitos de acceso para reducir el número de beneficiarios.
Así, han recordado el proyecto de Presupuestos sobre transferencias corrientes a la Seguridad Social recoge, además de las pensiones no contributivas, los complementos de las pensiones mínimas, la protección familiar y parte de la dependencia. En total, 12.981,95 millones de euros en 2014, con caídas en todas las partidas, incluidas las pensiones no contributivas, que pasan de 2.628,57 millones a 2.320,94 millones.
Y esto es así, según las mismas fuentes, porque este año se ha culminado el proceso de separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social y se han terminado de pagar algunas cuantías que estaban atrasadas de ejercicios anteriores. Así, el 11,7% de disminución en las pensiones no contributivas que recogen los Presupuestos corresponden a 307,63 millones de euros de un pago pendiente que ya no hay que afrontar.
REFORMA DE LAS PENSIONES
Al margen de las pensiones no contributivas, el proyecto de cuentas públicas del Gobierno también recoge una partida de 12.643 millones de euros en la Seguridad Social para el pago de pensiones, lo que representa un incremento del 4,1% con respecto al actual ejercicio debido "tanto al aumento del número de pensionistas como a una revalorización del 0,25%", un porcentaje que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido que aún puede modificarse en función de cómo quede el factor de sostenibilidad sobre el que actualmente se está negociando en el Pacto de Toledo.
Sin embargo, para el PSOE este incremento previsto del 0,25% es claramente insuficiente ante una inflación "como la que se prevé" del 1,5%, tal y como ha señalado Valeriano Gómez, subrayando que "la pérdida" será de 1,25 puntos con un impacto de entorno a 1.200 millones de euros de ahorro en las cuentas públicas con respecto a si se mantuviera la revalorización con el IPC.
"Eso sobre la base de que el Gobierno sí mantendrá las pensiones mínimas, aunque no hay previsión de cómo evolucionarán", ha precisado el también portavoz económico del PSOE en el Congreso.
Soraya Rodríguez, por su parte, ha criticado la "pérdida de poder adquisitivo" que provocará el cambio del índice de revalorización para nueve millones de pensionistas, y ha acusado al Gobierno de "despreciar de nuevo" al Parlamento al recoger en el Presupuesto una subida cuando aún no se ha terminado la negociación sobre el factor de sostenibilidad.
