Los grupos de la oposición eliminarán el régimen especial para productos agroalimentarios y perecederos
MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios de PP y CiU aprovecharán mañana el debate en la Comisión de Industria del Senado de la proposición para reformar la Ley de Morosidad para introducir excepciones en beneficio del sector editorial en la norma, que fija un máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas sin posibilidad de que las partes puedan pactar plazos superiores.
La federación catalana, principal impulsora de la norma, ha presentado una enmienda a la norma, a la que tuvo acceso Europa Press, que pide al Gobierno que determine un "régimen especial" de pagos para el comercio al por menor de libros, que tenga en cuenta las "especiales circunstancias del sector en relación a los ciclos de explotación, la rotación de 'stocks' y el específico régimen de depósito de libros".
CiU advierte de que la ausencia de plazos de pago suficientemente largos conduciría a reducir la duración de la vida de los libros en librería y a favorecer los títulos de gran difusión en detrimento de las obras de tirada más reducida y recuerda que la legislación francesa contra la morosidad de 2008, que constituye el modelo para esta reforma, ya consideró al sector "una excepción".
Más lejos va el PP, que reclama explícitamente que para las operaciones de realización, fabricación, compra, venta, entrega, distribución, comisión, pago de derechos "y cualquier actividad conexa con la actividad de edición, producción y distribución de libros", el plazo de pago sea el definido "por el acuerdo entre las partes".
Por otro lado, estas formaciones, junto al PNV y el Grupo Mixto, piden que se elimine la el régimen especial contemplado para los productos frescos y perecederos en los plazos, de forma que el tiempo empiece a contar desde la entrega de la mercancía y no de la expedición de la factura, como el Congreso aprobó.
EL PSOE QUIERE RECUPERAR EL "PACTO EN CONTRARIO"
Cabe recordar que la supresión de la cláusula que permite a las empresas negociar plazos superiores de pago a los del 60 días, conocido como "pacto en contrario", fue el principal escollo en el trámite en el Congreso para alcanzar un acuerdo con el PSOE, que votó en contra de dicha modificación pero fue derrotado por el resto de grupos.
De hecho, las enmiendas de los socialistas en el Senado plantean que esta posibilidad se mantenga para las compañías con facturación superior a los 100 millones de euros, algo que está lejos de realizarse, ya que PP, CiU y PNV mantienen su rechazo global a este tipo de cláusulas, aunque cerrarán un acuerdo sobre las editoriales.
En cualquier caso, PP, CiU, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, NaBai, CC, UPN y UPyD suman votos suficientes para dejar en minoría al PSOE cuando la norma vuelva al Congreso a mediados de junio, con lo que los socialistas no podrán, en principio, corregir ninguna modificación no deseada que introduzca la Cámara Alta, igual que ya ocurrió con los 'pactos en contrario'.
ACCIONES COLECTIVAS Y OBSERVATORIO ESTATAL
En lo que tanto el PSOE como el PP y CiU están de acuerdo es en reforzar la posibilidad de que los proveedores para ejercer acciones colectivas contra las empresas que incumplan de "manera habitual" con los plazos de pago, incluyendo ahora a los trabajadores autónomos.
Así, los profesionales por cuenta propia las se sumarán a las asociaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios, de profesionales y de agricultores que estatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de sus miembros.
También destacan la articulación del nuevo procedimiento judicial de reclamación en el caso de las administraciones públicas, así como la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad.
