MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, pidió hoy a la Comisión Europea que tome medidas de impulso a la privatización de los grandes operadores energéticos en manos estatales para garantizar "transparencia y simetría" en el mercado después de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TUE) en la que se declara la ilegalidad de la 'ley Rato'.
En declaraciones a Europa Press, el dirigente 'popular' señaló que hay que acatar la decisión, si bien la ley "tenía todo su sentido", dado que existe una situación "asimétrica" en los mercados europeos entre los países que tienen liberalizado su sector energético y aquellos que mantienen su "monopolio de estado".
"Ahora la CE tiene que plantearse si estamos ante un mercado en el que hay libertad de oportunidades para todos los operadores", aseguró Arias Cañete, quien rechazó que países como Francia o Italia puedan mantener sus "monopolios de generación y distribución", pudiendo comprar empresas privatizadas en otros países sin que haya reciprocidad.
La denominada ley 'anti-EDF' o 'ley Rato' fue diseñada en 1999 para frenar la entrada de la eléctrica francesa en Hidrocantábrico, y establece que cualquier empresa extranjera con capital público que quiera comprar más del 3% de una eléctrica española tiene que pedir autorización al Gobierno.
El TUE ha dictaminado que la ley "puede disuadir a las entidades públicas establecidas en otros Estados miembros de adquirir participaciones en las empresas españolas que operen en el sector energético y, por tanto, constituye una restricción a la libre circulación de capitales".
APLICACIÓN "ASIMÉTRICA" DEL DERECHO COMUNITARIO.
La sentencia señala además que España "no ha probado" que esta norma "constituya una medida adecuada para garantizar el abastecimiento de energía en España" y que, "en cualquier caso, dicha medida es desproporcionada con respecto al objetivo perseguido".
A juicio del portavoz económico del PP, "no puede ser que haya una aplicación asimétrica del derecho comunitario" que perjudica a España mientras se permite "que haya países que van muy retrasados en la liberalización energética", produciéndose de este modo casos de competencia desleal, ya que las empresas públicas y privadas compiten con 'ratings' diferentes.
"Si la Comisión elimina las cautelas de un país para evitar que un sector privatizado vuelva a ser público de manera indirecta, tendrán que tomar mucha más velocidad de crucero las políticas de liberalización y privatización", señaló Arias Cañete, quien recordó que las autoridades europeas deben garantizar la igualdad de los operadores económicos, la competencia efectiva y la "libertad de establecimiento real".
