MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Los inspectores de Hacienda del Estado consideraron "claramente insuficientes, inapropiadas, ineficaces e injustas" las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros y reclamaron "verdaderos cambios" estructurales tanto en el ámbito del gasto como del ingreso, así como un paquete de medidas eficaces contra el fraude fiscal.
En un comunicado, consideraron que el Gobierno "se ha olvidado de decretar medidas firmes y contundentes" contra el fraude fiscal y ha perdido así una oportunidad "de oro" para reformar en profundidad el sistema fiscal y aumentar su potencial recaudatorio.
En este sentido, señalaron que la puesta en marcha de medidas para luchar contra el fraude aumentaría el potencial recaudatorio del país, y recordaron que la "fuerte" caída recaudatoria está siendo superior a la del consumo o a la del beneficio empresarial, lo que debe ser atribuido al derrumbamiento de la conciencia fiscal y a que el control que se está realizando es muy "insuficiente".
A su parecer, el Gobierno ha optado "por el camino más fácil" a través de la congelación de las pensiones y la reducción del sueldo de los funcionarios y empleados públicos, medidas que sólo aportarán 5.000 millones de euros en 2010.
Además, creen que el planteamiento del Gobierno no sólo es "injusto, inequitativo y discriminatorio", sino que es "más que probable" que no saque a España de la crisis, debido a que no aborda una cuestión básica y crítica en los momentos actuales: un mejor y exhaustivo control contra el fraude fiscal y una reforma en profundidad del sistema fiscal.
Asimismo, consideran "demagógico" que el Gobierno utilice el argumento de que debe pagar más quien más tiene a la hora de reducir el sueldo de los funcionarios, ya que la redistribución de la renta y la riqueza se realiza a través de los impuestos y no de los salarios. "(El recorte) además de discriminatorio y antisocial, es previsible que tenga un grave coste en el funcionamiento eficaz de la Administración", alertan.
En cambio, ven "urgente" una reestructuración de la Administración que elimine ineficiencias y una "verdadera y eficaz" política de gasto y un "riguroso" control del mismo. De la misma forman, apuestan por una reducción de las subvenciones no productivas a los sindicatos por un importe de 138 millones para cursos de dudosa calidad.
En cuanto a la posible creación de un nuevo impuesto para los más ricos, los inspectores considerarían "positiva" la rectificación del "error" cometido con la eliminación del Impuesto de Patrimonio, aunque ven "demagógico" el anuncio de su recuperación coincidiendo con el "tijeretazo" a pensionistas, funcionarios y empleados públicos.
