MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, anunció hoy que su institución dará prioridad este año a la fiscalización del Fondo de Inversión Local, conocido como Plan E', y no sólo para ver cómo ha distribuido el Gobierno los 8.000 millones de euros previstos, sino para examinar cómo han gastado los ayuntamientos las ayudas recibidas.
El Tribunal de Cuentas decidió incluir en su programa de fiscalizaciones del presente año, entre otras cuestiones, el examen de los gastos de la Presidencia española de la Unión Europea, así como de las medidas anticrisis del Gobierno, empezando por el Fondo de Inversión Local conocido como Plan E.
La entidad fiscalizadora esgrime que su programa de informes ha de incluir "actuaciones que tengan una gran relevancia dentro de la actividad pública", y en ese sentido entiende que debe examinar los gastos que pudieran derivarse de la Presidencia rotatoria de la UE durante el primer semestre del presente ejercicio.
Por la misma razón, anunció su intención de vigilar las diferentes medidas adoptadas para paliar los efectos de la actual crisis económica y financiera, singularmente las ayudas canalizadas a través del Fondo Estatal de Inversión Local. Su propósito es auditar tanto el Fondo como las contrataciones realizadas por las entidades locales.
Núñez presentó hoy ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) ese programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas y ya adelantó que "la importancia de los recursos aplicados a estas medidas (anticrisis) y de las consecuencias que pueden trasladarse a las cuentas públicas justifica la prioridad dada a esta fiscalización frente a otras muchas que pudieran plantearse".
CONTROL, AUNQUE EL GOBIERNO NO QUIERA
El presidente de la entidad fiscalizadora aprovechó para afear al Ejecutivo que, cuando ha aprobado decretos ley contra la crisis y a diferencia de la regulación dictada en otro países, no haya mencionado expresamente al Tribunal de Cuentas en el control de esos fondos públicos, ni haya requerido de la institución informes específicos que, en garantía del buen uso dado a los recursos públicos, evaluaran los procedimientos implantados y los efectos alcanzados con dichas medidas.
"No obstante esta omisión, el Tribunal de Cuentas ha considerado que la gestión y las cuentas públicas se están viendo afectadas significativamente por esta situación de crisis y que el elevado importe de los recursos comprometidos exige efectuar un esfuerzo adicional y ofrecer al parlamento y a la sociedad el resultado que pudiera derivarse del control de las medidas adoptadas", sentenció.
