Critican que haya muchas normas que protegen los derechos económicos, mientras los laborales no se protegen con exigibilidad equivalente
MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario confederal de Acción Sindical Internacional de CCOO, Javier Doz, que acudió ayer como delegado de los trabajadores españoles ante la OIT en el marco de la 95ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra hasta el día 16 en Ginebra, reclamó "normas para proteger los derechos de los trabajadores en el mercado global" y una acción supranacional con "compromisos firmes" de los Gobiernos para garantizar la igualdad de derechos de los trabajadores inmigrantes.
Tras mostrar su apoyo a la propuesta de la OIT de situar el trabajo decente como objetivo principal de una globalización justa, Doz insistió en que el mercado global "necesita normas". A su juicio, las reglas que rigen los intercambios comerciales de bienes y servicios "tienen que tener su corolario laboral". "El diálogo comercial, los acuerdos bilaterales y multilaterales, tienen que tener su correlato en el diálogo social internacional", aseguró durante su intervención.
"No es aceptable el hecho de que haya una abundancia de normas que protegen los derechos económicos --inversiones, propiedad intelectual, etc--, mientras que los derechos de los trabajadores no se protegen con normas que tengan un grado de exigibilidad equivalente", explicó.
El escaso papel que en las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tienen los Derechos y Principios Fundamentales del Trabajo, proclamados por la OIT en 1998, así como el concepto de trabajo decente o el impacto de la liberalización comercial en el empleo, "es el ejemplo más claro de esta contradicción".
"La OIT debería reforzar sus funciones en el gobierno de los procesos de la globalización, de acuerdo con las propuestas incluidas en el Informe de la Comisión Sobre la Dimensión Social de la Globalización, cuya vigencia es plena, incluso después de las insuficientes reformas recientemente introducidas en el funcionamiento de Naciones Unidas", apuntó Doz en su ponencia.
Si comercio justo y el desarrollo sostenible son, o deberían ser, los pilares del nuevo orden económico mundial que hay que construir, democracia y Derechos Humanos, incluidos los laborales y sindicales, "tienen que ser siempre los fundamentos de un nuevo orden político mundial", dijo. La salud y la seguridad en el trabajo, que afectan a un derecho fundamental como es el derecho a la vida, "deben encontrar en esta Conferencia una regulación armonizada y avanzada", añadió.
DERECHOS LABORALES DE LOS INMIGRANTES
En la pasada Conferencia, --recordó Doz--, los delegados españoles informaron del acuerdo tripartito por el que se regularizaron en España a unos 600.000 trabajadores inmigrantes. Los resultados del acuerdo "han sido positivos en términos económicos, sociales y laborales", dijo, pero "no podemos dejar de mencionar que los problemas subsisten". La inmigración no legal ha continuado y puede sumar hoy cerca de un millón de personas, la mayoría de los cuales trabajan en la economía informal.
El tráfico de personas se ha ido desplazando de las aguas del Estrecho de Gibraltar a las rutas que van del Occidente africano a las islas Canarias y miles de personas han utilizados estas rutas en las últimas semanas a bordo de barcazas, en muchas ocasiones, "perdiendo la vida en el camino". Es la vertiente más trágica del fenómeno migratorio, que nos mueve inmediatamente a la solidaridad, pero no la más importante en términos cuantitativos.
Los inmigrantes "nos han proporcionado sobre todo la riqueza creada por su trabajo", continuó Doz, pero la mayoría de la sociedad española es consciente de que la inmigración, que ha hecho ascender en una década del 2% al 10% la población de origen extranjero, "no puede seguir aumentando a este ritmo sin crear graves desequilibrios económicos y sociales".
El conjunto del movimiento sindical español considera necesaria "una acción nacional y supranacional concertada que implique compromisos firmes de los gobiernos y las organizaciones internacionales para garantizar la igualdad de derechos de los trabajadores inmigrantes y su integración en las sociedades de acogida, promover el desarrollo de sus países de origen, y regular con acuerdos internacionales los flujos migratorios, al mismo tiempo que se combate a las organizaciones criminales que trafican con personas", concluyó Doz.
