A su juicio, los esfuerzos del poder judicial "deben orientarse a acabar con las irregularidades que existen en el sector pesquero"
MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización internacional para la protección de los mares, Oceana mostró hoy su "perplejidad" ante la denuncia, por parte de las asociaciones de armadores Aname y Anavar, contra varios miembros de Greenpeace por las manifestaciones pacíficas realizadas por el grupo ecologista y destinadas a llamar la atención sobre la pesca de arrastre que estos armadores llevan a cabo en ecosistemas muy sensibles y de gran profundidad.
En un comunicado, Oceana reclama así a la Audiencia Nacional que archive esta denuncia, y que en su lugar inicie investigaciones sobre las actividades relacionadas con la pesca ilegal que, "un buen número de ciudadanos españoles y empresas con capital español llevan a cabo tanto en aguas internacionales como en la zona económica exclusiva de muchos países".
Según recuerdan, las recientes detenciones de diversos barcos pesqueros españoles en aguas bajo jurisdicción argentina, noruega o irlandesa "no son más que la punta del iceberg de unas actividades ilegales bien conocidas por el sector, las autoridades pesqueras y la opinión pública en general". Según Oceana, "la pesca ilegal debe ser considerada un asunto de Estado y las autoridades gubernamentales y la Justicia deben intervenir para poner fin a la misma".
Las infracciones, --que reportan millones de euros de beneficios a quienes las cometen--, son llevadas a cabo tanto por barcos con bandera española, que violan la legislación pesquera nacional e internacional, como por pesqueros que, portando otras banderas comunitarias o pabellones 'de conveniencia', "ignoran igualmente las normativas existentes, pescando en zonas a las que no tienen acceso legal, capturando especies protegidas y sobrepasando las cuotas establecidas".
INVESTIGAR 'A FONDO'
Algunos de estos armadores están incluso reclamados por los tribunales de distintos países por pesca ilegal y muchos de ellos combinan en las flotas de su propiedad barcos "legales" con barcos dedicados a la pesca 'pirata', organizando "intrincadas tramas empresariales que dificultan el seguimiento de sus actividades". En ocasiones, los armadores "manipulan las cajas azules de sus barcos para impedir el conocimiento de sus posiciones por parte de las autoridades marítimas".
Además, los responsables de estas actividades "llegan a sentarse en las delegaciones oficiales españolas de organismos internacionales de gestión de las pesquerías, e incluso algunos reciben subvenciones de millones de euros por parte del gobierno español".
"Es imprescindible que la justicia española se ponga en marcha de una vez para investigar a fondo y poner fin a las actividades de pesca ilegal con barcos de cualquier bandera, y para desmontar las tramas y la 'picaresca' que permiten la esquilmación de los recursos pesqueros, la destrucción de los ecosistemas y que provocan el desprestigio de todo el sector pesquero español en los ámbitos internacionales", señala el director de Oceana para Europa, Xavier Pastor.
"Tal vez entonces no habrá necesidad de que las organizaciones no gubernamentales tengan que denunciar a la opinión pública la actividad de muchos de esos buques", concluye.
