RSC.- Quintanilla: "cuanto más rápido se adopten prácticas de RSC menor remedio habrá que poner a los desafíos futuros"

El ex-presidente salvadoreño defiende que la RSC "necesita de un espaldarazo del Estado para fomentarla y autentificar su aplicación"

Europa Press Economía Finanzas
Actualizado: viernes, 2 junio 2006 14:05

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex vicepresidente de El Salvador, Carlos Quintanilla Schmidt, defiende la idea de que "es necesario que las empresas tomen conciencia de que, cuanto más rápidamente adopten prácticas empresariales responsables, menor remedio habrá que poner en el futuro a los desafíos".

En un artículo publicado en la 'Prensa Gráfica' el ex mandatario salvadoreño analiza el rol del Estado en materia de responsabilidad social empresarial y asegura que la RSE "es inevitable y es evidente que existe porque en nuestras sociedades se presentan oportunidades sociales y medioambientales que superar".

A su juicio, el papel que tiene la Administración, como principal garante del interés público, en el desarrollo de la RSE "resulta fundamental, desde la perspectiva de órgano regulador-normalizador, desde su posición de generador de riqueza nacional, y como ente encargado de buscar un mayor reequilibrio regional, dentro del ámbito nacional e internacional, en pro de una mayor justicia social".

"La reorientación del Estado dando prioridad a los asuntos sociales y medioambientales y las restricciones a las que se enfrenta para atenderlos hace que exista un terreno fértil para que el sector privado asuma su cuota de responsabilidad en la mejora de las condiciones de vida de la población", asegura Quintanilla en el artículo.

Adicionalmente, la presión que la globalización impone sobre las empresas para ser cada vez más competitivas y respetar los derechos de las personas y los recursos limitados del planeta "hace que la empresa actúe dentro de un contexto global, donde sus acciones no pueden abstraerse del entorno en el que operan".

Es una realidad que el actual modelo económico globalizado ha tendido a reducir la presencia del Estado, dando una progresiva entrada al capital privado en la gestión de diversos servicios sociales, como son la educación, la salud o el suministro de energía.

La inversión exterior de empresas (generalmente multinacionales) en países en desarrollo debe gestionarse, en su opinión, "incorporando criterios de responsabilidad social empresarial, para que se identifiquen, prevengan o en su caso mitiguen los impactos de su actividad en las comunidades donde actúan".

Desde esa perspectiva "debemos reconocer que el papel de la empresa es especialmente relevante en nuestras sociedades", dice. "El peso de algunas firmas en las economías regionales, y en algunos casos en las economías nacionales, hace que cualquier acción tenga una repercusión, cualquiera que sea su dimensión", agrega.

INSTRUMENTO DE DESARROLLO

El sector privado "es un elemento fundamental en el crecimiento económico, en la creación del bienestar de la sociedad, en la generación de empleo y la reducción de la pobreza, por lo cual la empresa es, sin duda alguna, un instrumento de desarrollo". Pero las unidades productivas "también tienen el deber de asegurar que su contribución al desarrollo sea armónica, equitativa y sostenible", defiende el artículo.

"La preocupación por los impactos de la globalización ha llevado a una renovada demanda hacia el sector privado, de asumir su papel crucial en la lucha contra la pobreza, el crecimiento económico equitativo y la seguridad medioambiental", dice.

Muchas empresas y organizaciones empresariales defienden que los mecanismos voluntarios y la autorregulación es el camino más efectivo a la hora de modificar determinadas conductas empresariales; sin embargo, la RSE, afirma él, "necesita también de un espaldarazo del Estado para fomentarla aún más y autentificar su aplicación".

"Es un hecho cierto que las multinacionales y las empresas comerciales en general están fuera del alcance de lo que muchos Estados pueden hacer para regularlas con eficacia, y quedan unos vacíos legislativos que deben ser subsanados con normas jurídicas internacionales y no bajo la mera voluntariedad de las propias empresas", concluye Quintanilla.

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