El 70% de las empresas constata un aumento en los plazos de pago en el sector privado y el 28% en el público

El 70% de las empresas constata un alargamiento de los plazos de pago en el sector privado desde el inicio de la crisis del coronavirus, al tiempo que un 28% lo acusa por parte de las administraciones públicas, por lo que un 74% empieza a no poder pagar en plazo a sus clientes.

Así se desprende de una encuesta sobre el alcance del Covid-19 en materia de pago a proveedores realizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) a 700 empresas, que refleja que para el 39% de ellas los que más están tardando en pagarles son los autónomos y las micropymes, y para un 35%, las pymes.

El presidente de la PMcM, Antoni, Cañete, ha alertado de la "dramática y preocupante situación" de autónomos, pymes y micropymes, ya que por su "clara falta de liquidez" ahora son ellos los que por primera vez desde que se tienen datos son los que más tardan en pagar a sus proveedores.

FALTA DE ACTIVIDAD Y LIQUIDEZ, LAS MAYORES PREOCUPACIONES

En el momento de realización de la encuesta, el 53% de las empresas se encontraban abiertas con restricciones, el 38% abiertas sin ningún tipo de restricción y el 9% cerradas. Para el 78%, la crisis del coronavirus está afectando mucho a su negocio y, de hecho, el 94% de las empresas ha visto que sus ventas han disminuido desde que comenzó la pandemia, con un porcentaje de reducción del 58%.

Los mayores factores de preocupación a corto plazo son la falta de actividad (82%), falta de liquidez (61%), mantenimiento de la plantilla (42%), complicaciones burocráticas (15%) y falta de suministros (9%), entre otras (11%).

Además, el estudio desvela que en líneas generales el confirming sigue siendo igual de habitual como medio de pago para el 83% de los participantes; el 41% ha tenido problemas para realizar la facturación a sus clientes debido a la crisis del coronavirus; desde el comienzo de la pandemia el 37% tiene problemas con la recepción de los contratos firmados por sus clientes y el*9% ha firmado nuevos contratos con cláusulas más abusivas que antes relacionadas con el pago.

La plataforma también avisa de que el 49% de las empresas encuestadas que son subcontratistas en adjudicaciones públicas ha notado que desde el comienzo de la crisis se han alargado los plazos en los que cobra por parte de sus clientes, los contratistas principales. Según el sondeo, solo al 0,4% de los subcontratistas le han ofrecido poder cobrar directamente de la Administración en vez del contratista principal.

LIMITAR AYUDAS A MOROSOS Y LIBERAR EL REMANENTE DE AYUNTAMIENTOS

En este contexto, la PMcM considera que no debería permitirse que grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación no estén cumpliendo la Ley de Lucha contra la Morosidad, por lo que, al igual que se ha pedido que las empresas con filiales en paraísos fiscales no puedan acceder a ayudas y avales, cree que debería exigirse que las grandes empresas que deban facturas a pymes y autónomos no puedan recibir ayudas del ICO, del Banco Central Europeo o que las relativas a los ERTE se condicionen a que hayan liquidado sus cuentas con proveedores.

En esta línea, el 72% de las empresas considera que ante la crisis del Covid-19 hubiera sido útil el funcionamiento de un Régimen Sancionador que multara a las empresas morosas.

Además, pide que el Gobierno devuelva los "IVAs pendientes de compensar"; que se cree una línea ICO para pagar facturas pendientes a interés cero; que se liberen parte de los 12.000 millones de euros de remanente que tienen los ayuntamientos retenidos en las cuentas para que paguen a sus proveedores; que mediante un real decreto ley se obligue a las administraciones públicas y a las grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación a liquidar urgentemente los pagos pendientes a proveedores (15.000 millones de euros en el caso de las*administraciones públicas y 122.000 millones en el de las compañías del Mercado Continuo).

También reclama que se agilicen los trámites burocráticos y haya un criterio consensuado único que permita a pymes y autónomos facturar los contratos públicos paralizados por la crisis sanitaria del coronavirus; y que la Administración asegure el eficiente reparto de los lotes en las licitaciones de manera que las pymes mejoren su acceso a la contratación pública y puedan beneficiarse del previsible aumento de gasto en inversión pública que el Gobierno hará para afrontar la crisis del coronavirus.