MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
ACS ha pedido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el levantamiento del límite del 3% para el ejercicio de sus derechos políticos en Iberdrola, informó hoy el grupo constructor a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía explica que también ha solicitado al organismo regulador de los mercados energéticos autorización para poder aumentar su participación en Iberdrola por encima del 10% que ya posee y hasta un porcentaje que no le obligue a lanzar una OPA (24,9%).
Este requerimiento de ACS persigue que el grupo presidido por Florentino Pérez pueda ejercer los derechos de voto correspondientes a la participación que pueda alcanzar en Iberdrola, como el nombramiento de consejeros en el máximo órgano de decisión de la segunda eléctrica española.
ACS pide a la CNE este levantamiento, dado que ya cuenta con un 35,1% del capital de Unión Fenosa y su entrada ahora en Iberdrola puede topar con la normativa que prohíbe contar con una participación significativa en empresas energéticas.
La Disposición Adicional Decimotercera de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2001 limita los derechos de voto correspondientes a una sociedad que disponga de participaciones superiores al 3% en dos empresas significativas del mismo sector.
Esta disposición, que modifica el artículo 34 del Real Decreto 6/2000 de medidas liberalizadoras, indica textualmente que "las personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, participen en el capital o en los derechos de voto de dos o más sociedades que tengan la condición de operador principal en un mismo mercado o sector (...) en una proporción igual o superior al 3% del total, no podrán ejercer los derechos de voto correspondientes al exceso respecto de dicho porcentaje en más de una entidad".
Además la normativa establece que ninguna persona física o jurídica podrá designar, directa o indirectamente, miembros de los órganos de administración de más de una sociedad que tenga la condición de operador principal en el mismo mercado o sector.
Sin embargo, estas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de sociedades matrices que tengan la condición de operador principal respecto de sus filiales, "siempre que dicha estructura venga impuesta por el ordenamiento jurídico o sea consecuencia de una mera redistribución de valores o activos entre sociedades de un mismo grupo".
En todo caso, la normativa afecta únicamente a los mercados o sectores de generación, transporte y distribución de energía eléctrica; producción transporte y distribución de hidrocarburos líquidos; producción, transporte y distribución de hidrocarburos gaseosos; telefonía móvil y telefonía fija.
Por ello, la operación adquiriría pleno sentido sólo si ACS pretende, en calidad de accionista principal de ambas sociedades, impulsar la fusión de las dos compañías, aunque el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, subrayó que no se negociará tal operación, en tanto no cambia la normativa.
POSIBLE FUSIÓN
Por ello, si la CNE autorizara este levantamiento del límite del 3% a sus derechos de voto en Iberdrola, Pérez tendría el camino despejado para propiciar una fusión entre ambas empresas, lo que daría lugar a un grupo eléctrico con un beneficio neto conjunto de 2.196,7 millones de euros y una facturación de casi 18.000 millones según los datos agregados de ambas compañías a cierre de 2005.
Con esta operación, Pérez podría buscar que de llevarse a cabo una posible fusión entre ambas empresas su participación en el grupo resultante, que ahora sería del 17%, no quedara demasiado diluida.
El objetivo final podría ser crear un gran operador integrado en la Península ibérica, dada la participación del 9,5% que Iberdrola tiene en Energias de Portugal (EDP), que a su vez posee más del 98% de Hidrocantábrico.
El Gobierno ve con buenos ojos la creación de un gran grupo energético español, y así lo ha dicho en repetidas ocasiones tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, aunque Zapatero subrayó recientemente que no se cambiaría la normativa al respecto.
