Bolivia amenaza con denunciar a Repsol antes los tribunales internacionales por "saqueo"

LA PAZ, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Evo Morales ha respondido a Repsol YPF que no acepta "bravuconadas" de la petrolera que preside Antonio Brufau, después de que este fin de semana amenazara a las autoridades bolivianas con emprender acciones legales en los tribunales locales e internacionales tras el registro de las oficinas de su filial Andina y la detención y posterior arresto domiciliario de su auditor.

"El Gobierno no va a aceptar estas bravuconadas", afirmó anoche en declaraciones a la prensa el viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, quien advirtió que el Estado boliviano también podría recurrir a "estrados internacionales" para demandar a las empresas petroleras extranjeras una indemnización por los años en que "saquearon" el país en complicidad con "gobiernos carroñeros".

La petrolera hispano argentina aseguró este fin de semana que ejercitará acciones legales en defensa de sus derechos si continúa la "injustificada y reiterada persecución" de la Fiscalía en contra de la compañía, al tiempo que denunció que el registro a sus oficinas de Andina constituye una "medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurídico constitucional".

Tras reiterar su voluntad de prestar, "como ha hecho hasta ahora", toda su colaboración para el "total esclarecimiento de los hechos", y expresar su "plena disposición" a la negociación, confió en que las últimas declaraciones de Morales se traduzcan en hechos concretos que permitan volver a un "clima de total normalidad y seguridad jurídica en Bolivia".

Sin embargo, la compañía expresó su preocupación ante "la falta de seguridad jurídica" que en la actualidad existe en el país andino. En estas condiciones, estimó "muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia".

La Fiscalía de Santa Cruz acusa a la filial boliviana de Repsol YPF de pactar en el año 2002 con Petrobras un acuerdo para exportar gas natural a precios menores de los establecidos, lo que supuso un perjuicio de 161 millones de dólares para el Estado boliviano. Sin embargo, la petrolera brasileña comunicó hace un par de semanas que el contrato se ha dejado sin efecto.

En el marco de sus investigaciones, la Fiscalía registró el pasado viernes las oficinas de Andina en Santa Cruz. Además, fue detenido Saúl Carlos Encinas Miranda, auditor de la compañía, que tras prestar declaración quedó bajo arresto domiciliario sin custodia, pero deberá presentarse ante el juez cada fin de semana y señalar dos garantes a fin de evitar "su fuga" para no obstaculizar la investigación

La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por su parte, insiste en acusar a un senador de la oposición y ex director de la petrolera Andina de firmar el polémico acuerdo con la brasileña Petrobras.

El directivo de YPFB Sergio Miranda ha confirmado "con pruebas documentales" que el actual senador de la alianza opositora Podemos, Oscar Ortiz, fue "juez y parte" de la firma de varios actas sobre el negocio de los hidrocarburos en su etapa como director de Andina, por lo que conocía el contrato que causó pérdidas al Estado por 161 millones de dólares.

También aseguró que después de haber firmado varios contratos en el directorio de Andina, Ortiz conformó un Comité de Auditoría que "revisó" si esos contratos preservaron los intereses del país y se ajustaron a las normas legales. "Tenía toda la responsabilidad de cuidar nuestros intereses. Pero no lo hizo incluso sabiendo que los contratos eran lesivos", añadió.

"ES NUESTRA EMPRESA"

El senador Ortiz reconoció la semana pasada que fue síndico y director de Andina, pero negó que haya tenido conocimiento de ese contrato. "En ninguna reunión del directorio en las cuales participé se firmó o se trató ese tema (contrato)", aseguró Ortiz, principal impulsor de la censura al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, y crítico con la nacionalización decretada.

Miranda indicó que la Fiscalía seguirá con la investigación en base a la documentación incautada en esa diligencia. "Las actas encontradas las firma el senador Ortiz, pese a que decía que no. Senador Ortiz, yo le digo que usted firmaba en 2002 como director suplente y en 2003 ya no firma como suplente sino como director vocal y como titular", añadió.

Por último, subrayó que Andina está obligada a abrir sus puertas a los bolivianos porque desde la nacionalización del 1 de mayo la empresa retornó a dominio del Estado. "Cuando nos hemos apersonado en las oficinas de Repsol YPF y Andina, nosotros como Estado y como partícipes del 48 por ciento de las acciones tenemos el derecho de ingresar a nuestra empresa, porque es nuestra empresa", sentenció.

En este contexto, el fiscal de distrito Santa Cruz, Jaime Soliz, aclaró ayer en rueda de prensa que los cinco fiscales dirigen la investigación en contra de Andina, y no contra Repsol YPF, a la que garantizó "seguridad jurídica". Además, precisó que ordenó hacer el registro para confiscar documentación sobre el caso que permitiera continuar con las investigaciones.