BRUSELAS, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea confirmó hoy que decidirá en su reunión del próximo martes 26 de septiembre en Estrasburgo sobre la legalidad de las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la eléctrica alemana E.ON para adquirir Endesa tras haber examinado las explicaciones del Gobierno español.
"Puedo confirmar que tomaremos una decisión el 26 de septiembre", dijo el portavoz de Competencia, Jonathan Todd. "La Comisión decidirá si algunas o todas las medidas tomadas por la CNE son compatibles o no con el artículo 21" del reglamento de fusiones, que da al Ejecutivo comunitario la competencia exclusiva sobre las fusiones de dimensión comunitaria.
Si el colegio de comisarios considera que las condiciones de la CNE no se ajustan a la legislación europea, "la decisión de la Comisión de declararlas ilegales es directamente aplicable, tiene un efecto jurídico directo y puede ser invocada ante un tribunal español, por ejemplo", recalcó el portavoz.
Todd explicó que la decisión del Ejecutivo comunitario estará "basada en la respuesta enviada por las autoridades españolas a nuestras conclusiones preliminares".
Preguntado por la posibilidad de que la Comisión retrase su dictamen definitivo a la espera de que el ministerio de Industria decida sobre los recursos de alzada contra la decisión de la CNE, el portavoz insistió en que se tomará "una decisión el martes".
En su análisis preliminar, el Ejecutivo comunitario concluyó que la mayoría de las 19 condiciones impuestas por la CNE vulneran la legislación comunitaria por lo que se refiere a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento.
El Gobierno respondió a este dictamen expresando su disposición a modificar y ajustar algunas de las condiciones impuestas por la CNE "en línea con las alegaciones efectuadas por las empresas, en especial por la empresa adquirente", informó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En el documento que remitió a Bruselas, se ofrece a la Comisión Europea el mantenimiento de las reuniones y debates que estime necesarios, así como todas las ulteriores explicaciones, que permitan dictar un recurso de alzada ajustado al derecho comunitario.
El Gobierno español explicó en su escrito las razones para el mantenimiento de las condiciones que "tratan de garantizar la continuidad en la contribución a la garantía del suministro de los activos energéticos de la empresa absorbida, sujetos a supervisión o que inciden en el proceso de planificación energética y, por ende, son determinantes en la garantía del suministro".
